La Junta de Gobierno sabía de la ilegalidad de las licencias, según los testigos
Los secretarios accidentales aseguran que se informaba a los ediles de los informes jurídicos
La jefa de la sección de Actas y Acuerdos, Arama Fuentes, durante su declaración como testigo. / CADENA SER
Santa Cruz de Tenerife
Hasta cuatro funcionarios que desempeñaron la labor del secretario municipal, al estar éste de baja médica, han confirmado que la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Arona conocía los informes jurídicos en los que se advertía de la ilegalidad en la concesión de más de 200 licencias de obras. En este sentido, a preguntas de la fiscal, la jefa de la sección de Actas y Acuerdos, Arama Fuentes, informó de que durante su periodo como secretaria accidental hacía suyos los informes negativos de los servicios jurídicos y advertía a los concejales de las posibles responsabilidades legales si aprobaban las licencias. Así las cosas, los testigos llamados por la Fiscalía se han revelado cruciales al desmontar la defensa de los acusados en el caso de la imputación por prevaricación, empezando por el ex alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, quien en su declaración indicó que nunca se leía las actas ni tenía conocimiento de que las licencias que se aprobaban no se ajustan a la legalidad.
Más de doscientos testigos
Tras la reciente declaración de los 13 acusados en uno de los mayores macro juicios por corrupción en el Archipiélago, el tribunal especial designado por la Audiencia Provincial para este caso ha iniciado la toma de declaración de los testigos. Son más de 200 personas entre las que se encuentran aparejadores, arquitectos y policías. De especial interés están los testimonios de los técnicos que realizaron los informes jurídicos contrarios a la concesión de licencias de obra mayor. Del mismo modo, otro de los testimonios cruciales será la declaración de José Ramón Ansorena que tendrá lugar el próximo 1 de febrero quien está personado como acusación particular y quien asegura que fue objeto de extorsión después de que un empresario, presuntamente intermediario del gobierno local, le exigiera el pago de 45 millones de pesetas a cambio de una licencia para la construcción de un edificio de 206 apartamentos en la zona de Costa del Silencio.
