La Guardia Civil no aprecia irregularidades en las cuentas bancarias de Besteiro

Santiago de Compostela

La Guardia Civil no aprecia irregularidades en las cuentas bancarias y operaciones realizadas por el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, y su esposa, después de analizar por orden de la jueza instructora del caso Garañón, Pilar de Lara, los movimientos realizados entre los años 2004 y 2013.

Así se desprende de dos informes presentados por la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción Número 2. En el primer informe, los agentes encargados de la investigación determinan que Gómez Besteiro empleó en el año 2006 para la compra de la vivienda familiar en la que reside los 90.000 euros que le otorgó la formalización de un préstamo hipotecario, así como 36.000 euros en efectivo.

Esa segunda cantidad, en efectivo, es el resultado de la suma de los 18.395,79 euros que tenía el matrimonio en una cuenta vivienda y de los 17.604,21 euros que retiró de una cuenta corriente para "sumar exactamente" los 36.000 euros que tenía que abonar.

Por otra parte, el citado informe también aclara que "las cinco amortizaciones anticipadas" realizadas en el préstamo hipotecario, que "suman una cantidad total de 70.073 euros, son perfectamente asumidas por el saldo acumulado" a raíz de los "haberes mensuales" percibidos por Gómez Besteiro durante ocho años y medio, por su sueldo en el Ayuntamiento de Lugo y la Diputación Provincial.

Unos haberes que, según los investigadores, suman entre mayo de 2005 y diciembre de 2013 un montante total que es "ligeramente superior a los 362.000 euros".

También hace referencia al pago de las obras de reforma efectuadas en la vivienda, por un importe de 52.200 euros, e indica que la cuenta desde la que se ordenó la transferencia disponía de "saldo suficiente" para realizarla. Matiza, en cualquier caso, que la reforma comenzó en el año 2005, "cinco años del pago", ordenado en octubre de 2010.

En cuanto al segundo informe, que amplía los datos aportados por el primero, con información procedente de otras dos entidades bancarias, los investigadores hacen saber a la jueza que no consta en esa documentación "información relevante para esta investigación".