Un juicio por defender la huelga
Este martes comienza el juicio contra los ‘8 de Airbus’ por disturbios en la huelga general de hace cinco años. Les piden 66 años de cárcel, un “despropósito” según los sindicatos
Getafe
El 29 de septiembre de 2010 las puertas de la aeronáutica Airbus en Getafe se llenaron de caos y nerviosismo. Era jornada de huelga general y la protesta de los piquetes acabó con disparos al aire. Más de cinco años después, ocho de los sindicalistas que participaron en los piquetes se enfrentan a un juicio en el que la Fiscalía les pide, a cada uno, ocho años de prisión.
Enrique Gil es uno de ellos. Afronta el juicio “con orgullo y privilegio” porque asegura que no sólo se va a juzgar su caso, sino el derecho a huelga recogido en la Constitución. Creen que el proceso ha sido un ataque directo a la democracia y a la representación sindical.
Enrique Gil, acusado de los '8 de Airbus', pide que no se penalice el derecho a huelga
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A lo largo de estos años han pedido que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal porque consideran que criminaliza el derecho a huelga. Algo que pueden conseguir tras poner de acuerdo a PSOE y Podemos en el Congreso.
José Alcázar, otro de los acusados, espera que sean los últimos procesados por este artículo, que les considera criminales por participar en un piquete de huelga. Por eso no aceptaron la rebaja de la pena que propuso Fiscalía y que les podría librar de la cárcel.
José Alcázar, acusado de los '8 de Airbus', pide que no se penalice el derecho a huelga
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Este martes además han convocado una huelga en Airbus y una manifestación para apoyar a los procesados desde la puerta de la aeronáutica hasta los juzgados de Getafe, donde declaran los ocho sindicalistas y donde se desarrollará el juicio hasta el viernes.
Al respecto la secretaria general de Comisiones Obreras en el sur de Madrid, Isabel Martínez, ha señalado que es “difícil prever lo que pasará”, toda vez que todo el proceso ha sido “un despropósito”. Con todo esperan que la justicia archive la causa y proclame la inocencia de los sindicalistas.
Isabel Martínez, secretaria general CCOO Madrid Sur, pide que no se penalice el derecho a huelga
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