"Buenos días, soy Valcárcel"

Murcia

El ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel ha afirmado hoy, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la desaladora de Escombreras, que la planta, propiedad de ACS, se vende por 180 millones y que espera que el gobierno regional "sabrá negociar".

"Se acabó ya el bulo. La desaladora no cuesta 600 millones, está en venta y se vende por 180 millones. No lo digo yo, lo dice el que la vende", ha reiterado Valcárcel, que ha llegado al Parlamento a las 9.15 horas, pese a que su comparecencia estaba fijada para las 10 horas, y se ha presentado ante los miembros de la comisión con un escueto: "Buenos días, soy Valcárcel".

El coste de la planta, que inicialmente rondaba los 140 millones de euros, ascendería a 600 millones si la Administración regional no pagara la partida anual fijada para su explotación, pero "se está pagando", ha afirmado Valcárcel, quien se ha referido a la demanda por ese importe interpuesta por ACS en 2013 como indemnización del coste del desarrollo de la infraestructura hasta 2034 que, finalmente, retiró, tras ponerse al día con los pagos la comunidad.

"Nos tuvimos que reunir con Florentino Pérez, propietario de ACS, el ex consejero de Hacienda Juan Bernal y yo para evitar una situación que podía ser insalvable y llegar a un acuerdo, como así fue", ha dicho Valcárcel, quien ha apuntado que, hasta la fecha, sólo se han pagado por la planta 49 millones.

Durante su comparecencia de cerca de una hora, en la que no se le han podido hacer preguntas directas, sino que cada parlamentario ha hecho su intervención y Valcárcel ha contestado conjuntamente, el expresidente ha defendido la utilidad y necesidad de "la planta más rentable de todas las de la Región", alegando que abastece a 9.000 hectáreas del campo de Cartagena y a 28 ayuntamientos.

"Actualmente la planta esta al 76% de su producción total y hay colas de agricultores interesados en comprar agua, por lo que podría acabar 2016 con su máxima producción de agua", ha afirmado el eurodiputado popular, quien ha dicho que no va a ir "con la cabeza gacha por hacer una desaladora que necesitaba la Región".

Valcárcel ha explicado que el Gobierno regional, ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura de dar agua a muchos de los proyectos urbanísticos y de otro tipo proyectados en la Región, se planteó crear el Ente Público de Agua (EPA) para garantizar el suministro a ayuntamientos y agricultores, y, a través de éste, poner en marcha una desaladora.

Pero, según ha comentado, "el proyecto de Escombreras ya existía desde 2002, con licencia y declaración ambiental, y se pensó que en lugar de hacer una planta propia se podría participar en esta sociedad ya creada, ya que así se acortaban los plazos".

Valcárcel ha defendido la legalidad de todos los trámites para ello, tras lo que ha afirmado que "no ha habido ningún entramado", ya que "la estructura societaria es bastante simple" y su objetivo era agilizar los trámites para garantizar el suministro de agua.

El gobierno entró en el proyecto en 2006 y todas las anualidades se registraron pérdidas de entre 10.000 y 40.000 euros, pero fue en 2009 cuando la situación se agrava y la sociedad dio pérdidas de 800.000 euros a consecuencia "de la crisis más grande", ha dicho.

A ésto se unió -agregó- que el informe de fiscalización de la Comunidad dictaminó en 2011 problemas para asumir los pagos a empresas privadas por la "disminución de las aportaciones" del Gobierno central.

La comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, la primera de la legislatura, se aprobó el pasado julio, tras la petición conjunta de PSOE, C's y Podemos, y aunque inicialmente iba a ser secreta, todos los grupos de la cámara decidieron ayer que las declaraciones fueran públicas.

Esta comisión, ante la que hoy comparece el también expresidente regional Alberto Garre, investiga las gestiones relacionadas con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora para averiguar por qué aumentó su coste de 140 a 600 millones de euros, así como la relación de ésta con el proyecto urbanístico Novo Carthago, investigado por la justicia y que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas y campos de golf junto al Mar Menor.

A consecuencia de esta investigación judicial resultó imputado el ex consejero de Agricultura Antonio Cerdá, quien firmó en 2006 un contrato con la empresa propietaria de la planta, HydroManagement, perteneciente al grupo ACS, para comprarle agua durante los próximos 25 años.