Fiscalía pide 18 años de cárcel para los acusados por el caso de la depuradora de Borriol

Castellón

La próxima semana arranca uno de los juicios más mediáticos de este año en la provincia de Castellón. A partir del lunes comienza el juicio por el caso de la depuradora de Borriol. Un caso por el que los acusados se enfrentan a 18 años de cárcel. Entre ellos, el ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, para el que la Fiscalía pide 4 años por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.

Fiscalía Provincial pide 4 años de cárcel, 12 de inhabilitación especial y una multa de más de 100 mil euros para el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, por el conocido como caso de la depuradora de Borriol, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.

El juicio arranca el lunes, y en el banquillo de los acusados, finalmente no estará el arquitecto de la Diputación para el que la Fiscalía pedía 3 años de prisión, pero la Audiencia Provincial ha considerado que no tuvo ninguna responsabilidad en los trámites. El juicio comienza el 15 de febrero en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón. Además de Martínez otras cinco personas se van a sentar en el banquillo, entre ellas el ex alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, para el que Fiscalía pide 4 años de prisión por prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal.

Por estos mismos delitos, Fiscalía pide para Andrea Martínez, hija del ex vicepresidente de la Diputación, 3 años de cárcel, y los mismos años para el socio de Martínez, Raúl Babiloni. Por el delito de fraude ilegal, Fiscalía pide 2 años de prisión y 3 de inhabilitación para el hijo del ex vicepresidente de la Diputación, del mismo nombre, Francisco Martínez y para Luis García del Campillo, empleado en la empresa de Babiloni.

En total hay 27 testigos. Entre las personas que declararán como testigos figuran el presidente de la institución provincial, Javier Moliner, quien declarará el 23 de febrero, el portavoz en el Ayuntamiento de Castellón y vicealcalde, Enric Nomdedeu, que acudirá a la Audiencia el 24 de febrero, el mismo día que el alcalde de Borriol, Silverio Tena. El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló, del 15 al 25 de febrero.

El caso de la depuradora de Borriol fue una noticia que destapó Radio Castellón Cadena SER en 2014, a raíz de una denuncia del grupo Compromís en la localidad, después de descubrir que la infraestructura impulsada por el entonces vicepresidente y diputado de infraestructuras en la institución provincial, Francisco Martínez, iba a ser construida en sus propios terrenos, que figuraban a nombre de una empresa, Franvaltur, de la que era titular, y también se iba a construir sobre los terrenos de su socio, Raúl Babiloni. Fiscalía, después de que Compromís denunciara el caso, interpuso una querella por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. Con este proyecto, que pretendía recalificar y revalorizar el suelo rústico, Martínez habría obtenido unos beneficios de 50.000 euros.