El Consejo Rector de IDEA no sospechó de ilegalidades en los ERE

Sevilla

Los cuatro exmiembros del Consejo Rector de la Agencia pública IDEA, que han declarado como investigados, han explicado que nunca sospecharon que estuvieran cometiendo ninguna ilegalidad cuando aprobaban los convenios que habían firmado los directores de Empleo e Innovación para conceder ayudas a empresas. Y, menos aún, teniendo en cuenta que estaban presentes en esas reuniones el jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta y dos secretarios.

Braulio Medel, presidente de Unicaja Banco; el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón; Joaquín Moya - Angeler, expresidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía y Ana María Peña Solís, exsecretaria general de Telecomunicaciones de Innovación han declarado como investigados por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la pieza del caso ERE que afecta a los políticos.

Todos han negado que conocieran el Convenio Marco de julio de 2001, firmado entre Empleo y el IFA, para instaurar el sistema de pago supuestamente irregular con el que se pagaban las ayudas investigadas. Una fórmula que consistía en transferir dinero de Empleo, que era quien aprobaba la ayuda, a la Agencia pública IDEA que era el organismo que hacía efectivo el pago. Para ello supuestamente IDEA falseaba sus cuentas y declaraba como gastos lo que eran pagos a terceros que le provocaban un déficit de financiación.

Los cuatros investigados han contado también que el Consejo Rector recibía una dación de cuentas de los convenios que ya estaban firmados y han dicho que nunca vieron ningún expediente