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La justicia tumba la petición de la exalcaldesa de Tarancón de anular un pleno municipal por acudir al Congreso

Un juzgado de Cuenca ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por María Jesús Bonilla (PP) que pidió que se anulara el pleno donde se aprobaron los sueldos municipales de Tarancón al haber tenido que estar en una votación en el Congreso del que es diputada. Su abogado ha sido José Angel Cañas, imputado por la Audiencia Nacional por la presunta mordida de 200.000 euros para el PP de Cospedal

María Jesús Bonilla / Cadena SER

Tarancón

El pleno en el que se aprobaron las retribuciones de los concejales liberados en Tarancón se ajusa a derecho. El juzgado contencioso administrativo número 1 de Cuenca ha desestimado el recurso puesto por la portavoz del grupo popular María Jesús Bonilla que defendía la nulidad.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, se desestiman algunas de las razones que llevaron al Partido Popular a pedir la nulidad del pleno celebrado el pasado 8 de julio y al que faltó la concejala del PP y diputada nacional María Jesús Bonilla por asistir ese mismo día a un pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados.

Según el contencioso administrativo, la urgencia de la convocatoria del pleno taranconero en el que se dio luz verde a las retribuciones públicas estaba motivada.

Además, la sentencia recoge expresamente que ante una coincidencia de sesiones ha de ser la persona afectada, en este caso la concejala María Jesús Bonilla, la de que debe determinar sus preferencias, es decir, escoger entre acudir a la sesión de pleno del Congreso o la del Ayuntamiento de Tarancón.

La justicia da la razón al consistorio y desestima el recurso que María Jesús Bonilla pesentó el 15 de diciembre del año pasado. Para esta decisión cabe un recurso de apelación de 15 días.

Para este proceso, la ex alcaldesa taranconera ha recurrido a los servicios como abogado del actual gerente del PP en Castilla-La mancha José Ángel Cañas Cañada, que fue imputado por la Audiencia Nacional en la rama castellano-manchega del caso Bárcenas, aquella por la que se investiga una presunta mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal del año 2007 supuestamente a cambio de la adjudicación del servicio de la limpieza de Toledo a la empresa SUFI.

 
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