Política

La Guardia Civil acusa de irregularidades al actual alcalde de Torrejón de Velasco

Un informe de la UCO asegura que Esteban Bravo, sucesor de Gonzalo Cubas, autorizó facturas irregulares de Cofely cuando era concejal del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco

Ayuntamiento de Torrejón de Velasco / Cadena SER

Madrid

La Guardia Civil y el juez Velasco investigan si el consistorio de Torrejón de Velasco amañó un contrato de casi cinco millones de euros para adjudicárselo a Cofely: un proceso en el que, según los investigadores, la empresa de la Operación Púnica habría participado incluso en la elaboración de los pliegos de forma irregular. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) contenido en el sumario apunta también a la posible responsabilidad que podría haber tenido Esteban Bravo, entonces concejal de servicios y actualmente alcalde de la localidad acusándole de diversos delitos relacionados con la corrupción sin que hayan sido imputados por el juez Velasco.

El informe asegura que este contrato fue adjudicado a Cofely de forma fraudulenta: los correos electrónicos cruzados entre trabajadores de la empresa desvelan que las cláusulas del contrato eran “revisadas y modificadas” antes de su licitación. Según este informe de la UCO, Cofely incluso habría pagado y realizado una auditoría previa para poder asegurarse la adjudicación, y habría existido una voluntad por parte de determinados cargos públicos para sacar el contrato “a toda costa” a sabiendas de que la mala situación económica del consistorio impedía cumplir con lo estipulado en sus cláusulas.

El arquitecto de Torrejón de Velasco cree que los contratos con Cofely estaban amañados

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Diversos correos electrónicos apuntan, siempre según el informe, a que un concejal – que abandonó el cargo hace unos días por motivos de salud - era “un mero tramitador” entre Cofely y el Ayuntamiento: “Medió con esta mercantil, tanto aportándola información necesaria para configurar los pliegos como recibiendo en su correo los documentos que confeccionaban en Cofely”. Esta transmisión de documentos sobre la contratación consiguió, según el informe, que la empresa tuviese “un papel privilegiado y dominante en el procedimiento, dirigiendo el proceso en su propio beneficio”, lo que a juicio de la Guardia Civil podría constituir delitos de fraude, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación de caudales públicos, así como le consideran cooperador necesario en un delito de falsedad documental.

Facturas “extra”

El papel que según los investigadores habría cumplido Bravo habría llegado después, con el pago a Cofely de lo que el informe define como “facturas extra fuera de contrato”: pagos realizados a la empresa por servicios no contenidos en el contrato de servicios energéticos investigado, y que según la UCO se hizo “con la ausencia total de cualquier procedimiento de contratación”.

Según explica el informe, el entonces concejal Esteban Bravo “era quien firmaba las ofertas de trabajo que presentaba Cofely en el Ayuntamiento” en relación con estas facturas controvertidas, una de ellas de más de 67.000 euros por la legalización de los cuadros de mando de alumbrado público que está sin pagar. Por esta razón, la Guardia Civil le atribuye delitos de fraude y prevaricación, poniendo de manifiesto además la existencia de correos electrónicos cruzados entre miembros de Cofely en los que aseguraban haber hablado “con Esteban” estos asuntos.

En declaraciones a la Cadena SER, Bravo defiende la limpieza de su actuación, y destaca que desde que llegó al poder en Torrejón de Velasco su consistorio fue el primero de Madrid en romper lazos con Cofely y cualquier empresa relacionada con el entramado de la Púnica: “Salvo que el juez nos dé una sorpresa, aquí no queda ni un contrato de la época de Gonzalo Cubas que esté afectado por la trama Púnica”, afirma.

'Aquí no queda ni un contrato que esté afectado por la Púnica'

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Al final de todo este entramado, la Guardia Civil ubica a David Marjaliza y su red de empresas, con las que Cofely habría subcontratado ciertos servicios en los que se habría camuflado supuestamente el pago de comisiones: pagos que según la UCO tenían “precios superiores a los normales o de mercado, lo que posibilitaría obtener un excedente con el que pagar tratos de favor recibidos en los procesos de licitación”.

Sucedió a un alcalde imputado

Esteban Bravo Fernández tomó posesión como alcalde de Torrejón de Velasco a finales de noviembre de 2014, tras la imputación de su predecesor Gonzalo Cubas en el marco de la operación Púnica. Lo hizo después de someterse al examen que el PP de Madrid hacía entonces a los candidatos a suceder a los alcaldes imputados en esta investigación, como sucedió en Collado Villalba y Valdemoro. Durante el pleno de su nombramiento, aseguró que “ni a todos los españoles nos gusta el flamenco ni todos los políticos son corruptos”.

 
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