La arquitecta Pía Oramas afirma que el consistorio pagó 33 millones de más a los empresarios
La técnico declara ante el juez en la primera sesión de la causa civil
La arquitecta Pía Oramas a su llegada al Palacio de Justicia. / CADENA SER
Santa Cruz de Tenerife
Por espacio de hora y media y en una declaración no exenta se momentos de tensión, la que fuera arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Pía Oramas ha defendido el informe pericial por el que tasó las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas por un importe de 19,2 millones de euros, cifra que dista mucho de los 52,8 millones de euros que abonó el Ayuntamiento a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Además, Oramas ha defendido de forma vehemente su tasación ya que se realizó siguiendo los criterios de legalidad, es decir que se valoró el aprovechamiento de unas parcelas cuyo ordenamiento no se encontraba adaptado al decreto que regulaba los estándares urbanísticos y cuyo proyecto para la instalación de infraestructuras no estaba aprobado. La declaración de Pía Oramas se revela fundamental no sólo en la causa civil, sino en el juicio penal, aún pendiente de fecha, ya que cuestiona las otras cuatro tasaciones encargadas por el consistorio de las que resultó elegida la de mayor precio, es decir, aquella que beneficiaba de forma sustancial a los empresarios. En este punto, la que fuera arquitecta municipal reconoció que se mostró "sorprendida" tras conocer que el Ayuntamiento había encargado una tasación pericial externa de las parcelas obviando su informe. Precisamente, en la causa penal para la que aún no se ha fijado una fecha de celebración del juicio, la Fiscalía considera que el citado informe, encargado a la entidad Sociedad de Tasación en mayo de 2001, fue "injustificado y tenía la única finalidad de beneficiar a los empresarios".
En este juicio -a la espera de la vía penal que puede demorarse al menos hasta finales de año -el consistorio defenderá la devolución del dinero tras la anulación de la compraventa en 2007 por parte del Tribunal Supremo (TS), lo que implicaría que las parcelas volverían a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, que a su vez esgrimen que los terrenos han perdido valor porque no se pueden edificar y reclaman una indemnización de 116 millones.
