Inclusión

Ciudad Real

La semana pasada tuvimos conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad Real, en la que se reconoce el derecho de una niña con diversidad funcional a ser incluida en un centro escolar ordinario recibiendo los apoyos educativos necesarios.

De entrada, resulta desalentador que haya tenido que ser a través de una decisión judicial y que tanto la administración como el colegio concertado de ideario católico, hayan promovido la expulsión del centro donde ya estaba escolarizada la menor, alegando ausencia de hábitos de autonomía y de socialización, cuando era precisamente por la inadecuada intervención educativa, que reforzaba el aislamiento social de la niña, por lo que ésta no conseguía avances en la integración.

La lucha del padre y de la madre, con el apoyo de la Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusion Social (Solcom), para que no fuera ignorado el derecho de su hija a recibir una educación integradora ha sido determinante, pero parece increíble que la efectividad de los derechos tenga que exigirse de esta forma y que no haya un compromiso real de la sociedad para que la Inclusión sea una tarea de toda la comunidad educativa y sigan existiendo obstáculos y barreras mentales que impiden el desarrollo integral de muchas personas.

La sentencia motiva de una manera ejemplar, basándose en el informe pericial, la importancia para todos de una educación inclusiva e integradora, resaltando como la escuela debe ser un centro de aprendizaje de la convivencia y no solo de acumulación de conocimientos y como para el grupo de alumnos y alumnas debería ser enriquecedor socialmente el contacto con personas diferentes.

Trabajemos por una escuela donde los valores de la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad sean una realidad y los niños, las niñas y sus padres sientan el apoyo sincero de toda la sociedad trabajando en común para construir una sociedad mejor.