El juzgado abre diligencias por la retirada de arena en Valdevaqueros

Tarifa

El Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras ha instruido diligencias previas en relación a la posible venta de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, en Tarifa, durante los años 2012 y 2013, lo que podría ser constitutivo de delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental. En el marco de este procedimiento, el juzgado ha hecho un requerimiento al Ayuntamiento tarifeño para que facilite información sobre los contratos del Consistorio con empresas que habrían estado llevándose arena de la duna.

Fue Verdemar-Ecologistas en Acción quien en julio de 2013 denunció "al Ayuntamiento de Tarifa y otros" ante la Fiscalía General del Estado por el posible hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón.

La Fiscalía observó en su día, indicios de un posible delito de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena.

Según Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, el próximo día 12 de marzo celebran una asamblea general de socios en la que, entre otras cuestiones, “se votará una propuesta sobre la personación o no, en el procedimiento que se sigue por este asunto el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras”.

Cuando salieron a la luz pública estos hechos, el Gobierno de Gibraltar emitió un comunicado asegurando que había adoptado todas las medidas posibles para asegurarse de que la arena suministrada a la colonia "se extrajera legalmente", por lo que indicaba que cualquier sugerencia de ilegalidad debía dirigirse a las autoridades pertinentes en España, "en concreto Tarifa".

Por su parte, tras conocer de la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado en 2013, el Ayuntamiento de Tarifa (entonces gobernado por el PP) aseguró que se había aportado "toda la documentación y todo el conocimiento de causa" del que disponían con "claro ánimo de transparencia y lealtad institucional".