Los jueces informarán a los servicios sociales sobre desahucios con riesgo de exclusión

Sevilla

El convenio que ha sido firmado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodriguez Villalobos, permitirá que los servicios sociales municipales y autonómicos puedan ser alertados por el juez que detecte situación de riesgo en familias que se enfrentan a una ejecución hipotecaria o un desahucio. Casos en los que el juez puede incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

El acuerdo, que entra en vigor este mismo miercoles, contempla un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias, para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle medidas o formular alegaciones.

Se adoptarán además medidas para la pronta detección de una situación de vulnerabilidad por parte del órgano judicial, que dará traslado a la consejería de Fomento y vivienda para que incluya a esa familia en riesgo en el programa andaluz de Defensa de la vivienda, así como en los servicios sociales locales.

El portavoz del gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, ha recordado que desde 2012 el gobierno de la Junta de Andalucía ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, y que la comunidad cuenta con la ley más avanzada de España, la Ley de Función social de la vivienda, para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. Una norma a la que en breve se sumará el anteproyecto de Ley de Retracto, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, y colaborar en la permanencia en su hogar de las familias afectadas.