El juzgado que instruye el caso de los ERE ha llamado a declarar como investigados, antes imputados, a los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza relativa al procedimiento creado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas a las empresas. Los expresidentes, cuya declaración había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, han sido citados el próximo 16 de marzo junto al exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, y el 30 del mismo mes están citados el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez Álvaro Martín, que instruye las seis primeras piezas en las que se han dividido los ERE, explica que cita a los expresidentes andaluces «para garantizar suficientemente» su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso. La pieza del denominado procedimiento específico afecta a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía y se considera clave porque es la primera que se pretende enjuiciar ya que afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace cinco años. En junio de 2015, el Tribunal Supremo inculpó por el caso de los ERE a Griñán, Chaves y Zarrías por un presunto delito de prevaricación administrativa, y al exconsejero Viera, además, por malversación de fondos. El juez Martín, que está de refuerzo en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla desde septiembre de 2013, recuerda que los expresidentes no habían sido oídos tras el auto de 17 de noviembre de 2015, en el que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza separada del procedimiento específico de los ERE. Además de Chaves, Griñán y Viera, el juez cita a declarar como investigados a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Empleo Antonio Ávila. La Fiscalía Anticorrupción presentó el 25 de enero un escrito al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que consideraba «necesario» oír en declaración en calidad de investigados a las personas que no habían declarado hasta que el auto en el que abría la pieza del procedimiento específico. En octubre de 2015, el Tribunal Supremo, que inicialmente investigó a los expresidentes y a otros aforados por el caso de los ERE, decidió devolver la causa al juzgado de Sevilla, una vez que todos los aforados habían dejado de contar con este privilegio al renunciar a sus actas de diputados y senadores.