El TSJA procesa a un adjunto al Defensor del Pueblo

Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) seguirá con la causa que instruye contra el adjunto al Defensor del Pueblo andaluz Carlos del Barco por un posible delito de revelación de secretos tras la "indebida" cesión de datos de una mujer que se quejó de la difusión de su fotografía desnuda.

La fotografía de la mujer en una playa nudista fue difundida en las redes sociales y en varios medios de comunicación como si se tratase de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

 El instructor del caso, el magistrado Miguel Pasquau, afirma en un auto de procedimiento abreviado dictado hoy, que el adjunto reconoció que facilitó al subdirector de un periódico la información del expediente relativo a la mujer, que se había quejado ante el Defensor por la publicación en las redes sociales de su fotografía.

El juez, que ha pedido a las partes personadas que en diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando los escritos de acusación o el sobreseimiento de la causa, afirma que la intención del adjunto al facilitar el expediente era "ofrecer a su amigo periodista una ventaja informativa".

El adjunto, cuando declaró el pasado 3 de marzo ante el juez, alegó que lo hizo para "abrir a la interesada una vía de solución a su problema", según recoge el instructor en su auto antes de señalar que esta circunstancia "puede afectar a la gravedad de la conducta, pero no a la apreciación del dolo".

En este sentido, señala que, "en todo caso, ha de hacerse constar el dato de que, lejos de ofrecer esa vía alternativa de solución a su problema a la interesada, ofreciéndole el contacto con un medio de comunicación, lo que hizo el investigado fue facilitar el contacto a un periodista amigo, subdirector de un medio de comunicación concreto".

También precisa el juez que los hechos denunciados comportan "un acceso legítimo a datos personales por parte de un cargo o autoridad en el ejercicio de sus funciones y una indebida cesión de los mismos".

Los hechos que "resultan indiciariamente justificados", según el magistrado, comienzan el 24 de febrero del 2015, cuando la mujer presentó un escrito en el Defensor del Pueblo para solicitar amparo y "celeridad" para acabar con la masiva difusión de su foto, lo que le provocó que estuviera bajo tratamiento médico.

Tras un expediente de queja que concluyó el 3 de marzo y en el que intervino Del Barco, se le ilustraba a la mujer sobre las vías para agilizar las respuestas que había pedido a las fuerzas de seguridad.

El 2 de marzo, el adjunto contactó con el subdirector del ABC y le remitió por correo electrónico la solicitud de la mujer para que pudiera contactar con ella, y ese mismo día el periodista le escribió un correo electrónico ofreciéndole el diario "para lo que necesites", según el instructor.

Tras las quejas de la mujer ante la oficina del Defensor, el adjunto se dirigió a ella, le pidió disculpas y le explicó los motivos por lo que lo hizo, indica el juez antes de apuntar que no consta que obtuviera ningún favor por parte del subdirector del periódico, "con quien guarda una relación de íntima confianza".

El auto señala que para el delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, el dolo existe "en la conciencia de estar revelando informaciones 'que no deban ser divulgadas', como obviamente ocurre con los datos personales de un expediente administrativo".

El Código Penal establece que, por este delito, se podrá imponer desde una multa de doce meses hasta cuatro años de prisión en función de la gravedad de la revelación del secreto.

Si el adjunto dejara el cargo y por tanto ya no fuera aforado, el caso seguiría en el TSJA hasta la apertura del juicio oral en caso de que lo hubiera, y en ese momento se remitiría para su enjuiciamiento a la Audiencia de Sevilla o a un juzgado de lo penal en función de la calificación de los hechos.