El Parlamento aprueba la destitución de Carlos del Barco como adjunto al Defensor
El Parlamento ha dado conformidad a la petición de Jesús Maeztu, con la abstención del PP
EFE
Sevilla
El Parlamento ha dado hoy su conformidad a la propuesta razonada del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para destituir a Carlos del Barco como adjunto a propuesta del PP-A por su presunta implicación en la filtración de datos de una mujer que se quejó de la difusión de su fotografía desnuda.
La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones de la Cámara regional ha dado su conformidad a la petición de Maeztu, con los votos a favor del PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, y la abstención del PP, y ahora será el Defensor del Pueblo el que proceda a la destitución.
Ésta tendrá lugar por la presunta implicación de Del Barco en la filtración de datos de un expediente confidencial de una mujer que se quejó al Defensor del Pueblo por la difusión de una fotografía suya desnuda en la playa como si se tratase de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.
Maeztu ha basado su petición en la "falta de credibilidad y de confianza" en su adjunto y ha insistido en que no está ejerciendo un derecho sancionador.
"No me baso en supuestos judiciales para argumentar más mi propuesta, me baso en que ha perdido mi confianza", ha añadido Maeztu, quien cree que lo que pase en el procedimiento penal "no afecta para nada" a la decisión de la comisión.
Ha afirmado que ha apreciado un "notorio incumplimiento" de las obligaciones y derechos de su cargo, en concreto del deber de confidencialidad y reserva, recogido en el reglamento de la Institución, así como una pérdida de confianza.
"La gravedad de los hechos, su imputación y su indudable perjuicio al normal desarrollo funciones encomendadas, que se basan en la relación de confianza con la ciudadanía, constituyen circunstancias de vital importancia que afectan principios de la Institución", ha manifestado Maeztu.
Ha hecho referencia a los meses que lleva "lamentando este incidente en silencio" pero ha defendido que la Institución actúa de manera "clara, responsable, eficiente" y "zanja de raíz", por lo que entiende que le permite no perder la confianza de los ciudadanos y no se deja en "entredicho" a la figura del Defensor del Pueblo.
Ha opinado que "nadie está exento de un incidente de este tipo" y ha mostrado su confianza en que la respuesta que se ha dado por parte de la Institución a este hecho, "puntual en más de treinta años de defensoría", fortalezca la confianza ciudadana.
El Defensor ha defendido su actuación tras la denuncia de la mujer, primero con una investigación interna y después remitiendo el asunto a la Fiscalía.
"Esta institución no puede ser manchada por esto tras 30 años", ha alegado Maeztu, quien ha admitido que ante esta situación "se pasa mal" porque es un hecho "que toca la columna vertebral".
El portavoz del PP, Félix Romero, ha defendido que la comisión de hoy no se debería haber producido porque ya hay una investigación penal, que es a la que incumbe el derecho sobre la eventual culpabilidad de Del Barco, y ha criticado que "las imputaciones no son una condena pero aquí se tratan como tal".
Por parte de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe ha condenado los "lamentables hechos" y ha mostrado su respaldo al cese porque "no constituye ningún acto sancionador" y está "perfectamente razonado", independientemente de la decisión de los tribunales.
El portavoz socialista, José Muñoz, ha señalado que la Cámara actúa "de manera garantista" con su decisión antes de que los tribunales decidan, ante "la gravedad de los hechos" y en el ámbito de la responsabilidad política.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha opinado que el hecho de que un asunto personal elevado como queja trascienda a la opinión pública implica una "falta de confianza total" en la persona responsable, por lo que ha apoyado también la petición.
José Antonio Castro (IU) ha subrayado la "gravedad y trascendencia" del hecho y ha alabado el proceder ante lo ocurrido, que cree que es "una importante lección de una de las instituciones con mayor reconocimiento social en nuestra tierra".
En su escrito de alegaciones, Del Barco pedía al Defensor que se acordara la suspensión cautelar de cualquier tramitación dirigida a aprobar su cese por hechos que están siendo enjuiciados por la jurisdicción penal hasta que ésta se pronuncie al respecto.
Del Barco ha alegado entre sus razonamientos indefensión y vulneración de derechos fundamentales como el de defensa, ya que se le ha privado "hasta del derecho de audiencia" que le reconoce la norma y que no se le ha dado traslado de lo actuado.
"Resulta paradigmáico que desde la oficina del Defensor del Pueblo se interpreten los derechos fundamentales de forma tan restrictiva y en perjuicio del interesado", agrega en su escrito.
