Un plan para las personas sin hogar
Los ayuntamientos quieren que la Ley de Servicios Sociales incluya y defina la implicación del resto de administraciones
EFE
Santa Cruz de Tenerife
En Canarias, 1 de cada 4 personas sin hogar presenta enfermedades mentales y según el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 500 y 700 personas en exclusión social han pasado por algunos de los recursos asistenciales de la capital a lo largo del último año. El volumen y la carga de trabajo son muy altos porque Santa Cruz de Tenerife apenas puede ofrecer como recurso alojativo las 100 plazas del único albergue que hay en la Isla y las 65 de Cáritas. Es insuficiente para atender la demanda, e incluso injusto, apuntan fuentes del consistorio, que no comparten la obligación asumida de dar salida a los problemas de los 'sintecho' de todo el ámbito insular.
A pesar de que un protocolo establece el seguimiento de los pacientes a su salida de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de la Candelaria y de que hasta tres artículos de tres leyes distintas (Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, Ordenación Sanitaria de Canarias y Ley de Enjuciamiento Civil) permiten el traslado de una persona sin hogar a un centro hospitalario con carácter de urgencia, sin esperar la autorización de un juez cuando corra peligro su vida o la integridad de la ciudadanía, "no se puede poner una pistola en el pecho de las personas" señala la concejala de asuntos sociales de Arona, Elena Cabello, en cuyo municipio fallecía hace unas semanas un indigente en la playa de Los Cristianos.
Ahí radica el quid de la cuestión y es la queja mayoritariamente escuchada desde las áreas sociales de los ayuntamientos; ¿qué pasa cuando los afectados rechazan el recurso alojativo que se les brinda?
Para abordar la problemática, Santa Cruz de Tenerife quiere que se incluya en la comisión técnica que se reunirá en unos días, tanto a las corporaciones locales como al Ejecutivo. En este contexto, se prepara la Ley de Servicios Sociales, que el alcalde de Tegueste (Tenerife) y responsable de esta materia en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), José Manuel Molina, señala debe conducir a los ayuntamientos a mantener los servicios sociales básicos (prestaciones como la PCI, planes concertados...), pero derivar otros especiales (dependencia, alojamiento nocturno...) a Cabildos o gobierno.
La Ley de Servicios Sociales vigente data del año 1987, cuando la realidad socioecómica que se describía para el archipiélago era radicalmente distinta a la actual.
