La vivienda será un derecho de verdad
El miércoles el Consell aprobará el anteproyecto de ley que, según el presidente Puig, se enmarca en el acuerdo del Botánic
GVA
Valencia
La ley por la función social de la vivienda de la Comunitat, la primera del Consell, consagrará el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución y en el Estatut, y lo igualará a los otros derechos subjetivos, como la educación, la sanidad y la dependencia.
Este lunes se ha presentado el anteproyecto de ley, que se aprobará el miércoles en el pleno del Consell y que entre otras muchas cosas establece que los propietarios de más de 10 viviendas, que estén vacías, las tengan que inscribir en un registro. También se crearán sendos registros de oferta y demanda, donde se podrán inscribir de manera voluntaria los inmuebles por parte de sus propietarios. Actualmente el 15% de las viviendas de la Comunitat Valenciana están vacías, son medio millón, pero no se sabe dónde están ni a quién pertenecen. La consellera María José Salvador afirma que hasta ahora hay un total oscurantismo.
La ley establecerá ayudas y medidas que fomenten el alquiler social de las viviendas vacías y también para la rehabilitación de aquellas que no se pueden poner en el mercado por su mal estado. Se pretende con esta ley, que tendrá un presupuestos anual de 20 millones, poner a disposición las viviendas y ayudar a reactivar la construcción y los oficios que están relacionados con ella.
También contempla medidas sancionadoras para quienes incumplan la ley que, en caso de infracción muy grave, llegarán hasta los 30.000 euros, e incluso podría expropiar, a las entidades bancarias y a los grandes propietarios que no pongan a disposición de la Generalitat, las viviendas vacías que tengan en la Comunitat Valenciana.
La ley incluye medidas para evitar desahucios e incluso prevé la expropiación de viviendas, aunque esto quedará en suspenso hasta que la ley estatal de segunda oportunidad acabe su vigencia (en mayo de 2017) o se derogue.
El presidente Puig afirma que lo menos importante son las sanciones. lo mas importante es poner a disposición de la sociedad todas las viviendas que no se utilizan y que la gente necesita.
Una vez aprobado por el Consell, el proyecto iniciará su tramite parlamentario, que el gobierno de Puig quiere que sea de "urgencia".
