Euskadi pone coto al mercado negro del alquiler

Vitoria

Este martes se publica en el BOPV y el miércoles entrará en vigor la nueva e inédita obligación en Euskadi de registrar los contratos de alquiler y entregar la fianza en un depósito público que, según el Gobierno vasco, permitirá que aflore el dinero que ahora no se declara. La obligación corresponderá al propietario o arrendador y no hacerlo acarreará recargos y multas de hasta 3.000 euros.

El Decreto, que es el primero que desarrolla la ley de Vivienda, afecta a todo tipo de fincas urbanas, no solo viviendas, también lonjas o garajes y deja exentos de esta obligación a los pisos protegidos.

La obligación está dirigida a todos los nuevos contratos y las renovaciones, además de los formalizados desde el 26 de septiembre de 2015 que es cuando entró en vigor la ley de Vivienda. Estos últimos dispondrán de un plazo de tres meses para su regularización. El resto, un mes.

La normativa fija dos regímenes: uno general, para la mayoría, y otro especial, a partir de un mínimo de 10 fincas arrendadas. Cuando venzan los contratos, la devolución de la fianza se realizará por trasferencia bancaria a petición del arrendador, previa autorización del arrendatario o por sentencia judicial.

La nueva regulación afectará unos 67.000 contratos de alquiler y unos 50 millones de euros en fianzas, según estimaciones del Ejecutivo autonómico.