Miércoles, 01 de Febrero de 2023

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JOSÉ MARÍA BARREDA

Un gobierno descontrolado

Un gobierno descontrolado. Es decir, sin control. Esto es lo que pretende el Gobierno en funciones: que el Congreso de los Diputados surgido de la voluntad libremente emitida por el pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, según se lee sin lugar a interpretación en el Artículo 1 de la Constitución, no pueda ejercer su labor entre las que está controlar la acción del Gobierno, según indica con claridad el artículo 66.2 de la CE.

En democracia es inaceptable, en todo caso, que haya poderes sin control y, mucho más, el Gobierno de la Nación, aunque esté en funciones y tenga limitadas sus atribuciones. El Congreso recién elegido no tiene limitación alguna y cuenta, nada más y nada menos, con la legitimidad de representar al pueblo español, "del que emanan todos los poderes del Estado", como puede leerse en nuestra Constitución desde el primer momento: Artículo 1 del Título Preliminar.

Toda esta disquisición se debe a que el otro día, como Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, convoqué reglamentariamente al ministro para que compareciera a dar explicaciones sobre la cumbre de la OTAN del pasado mes de febrero, y el Gobierno, de manera insólita, contestó, invocando el art. 108 CE, denegando la comparecencia porque el Gobierno en funciones no cuenta con la confianza de este Parlamento que no le apoya.

Por un lado, el art. 108 CE establece la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso pero, leyendo toda la CE, no es aceptable hacer una lectura tan reduccionista de dicho artículo como para fundamentar sólo en él la negativa del Gobierno a dar explicaciones. Hay que recordar que cuando un Gobierno se somete al control del Parlamento está, sobre todo, respondiendo ante las Cámaras que representan al pueblo español, titular de la soberanía de la que emanan todos los poderes.

La cuestión es grave. Espero que el Gobierno recapacite y rectifique, evitando un enfrentamiento institucional innecesario, sin esperar a que sea el tribunal Constitucional quien dirima el conflicto.

El planteamiento de que al no tener "la confianza" -es decir el no "investir" al Presidente- no se puede someter a control, haría que el Senado, donde no se vota la Investidura, no pudiera controlar al Gobierno o, llevando el argumento al extremo del absurdo, que sólo pudiera controlar al Gobierno el Grupo Parlamentario que le apoya, que es el único que cuenta con su confianza, pero no la oposición que no le hubiera votado en la Sesión de Investidura. Un disparate constitucional y un sin sentido democrático.

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