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Economía y negocios
FUNCIÓN PÚBLICA

El Gobierno defiende la "mejor oferta pública de empleo" desde 2007

Cree el ejecutivo que la convocatoria sí se adapta a las nuevas titulaciones de Bolonia aunque los servicios jurídicos estudian la denuncia de los sindicatos para no cometer ilegalidades

Delegados de CSI-CISF y TÚ concentrados a las puertas de la sede del Gobierno de Cantabria. / Radio Santander

Delegados de CSI-CISF y TÚ concentrados a las puertas de la sede del Gobierno de Cantabria.

Santander

Una Oferta Pública de empleo “legal” y con el mayor número de plazas posible. Así ha defendido hoy el ejecutivo autonómico su propuesta, presentada a los sindicatos, de 224 plazas para obtener una plaza de funcionario. El consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, dice que el Gobierno no puede ofertas más puestos de trabajo debido a que la ley lo impide.

Además, cree que la ley de Función Pública regional permite a los universitarios del Plan Bolonia presentarse a una de estas plazas, a pesar de que dos sindicatos denunciaron este lunes que no se contemplaba el reconocimiento de estas nuevas titulaciones.

Los servicios jurídicos del Gobierno estudian ya la denuncia que ayer trasladaron dos sindicatos, CSIF y TU, al presidente Revilla. Una denuncia que detallaba que la Oferta Pública de Empleo es “ilegal”, ya que no reconoce las nuevas titulaciones del Plan Bolonia.

Hoy el consejero de Presidencia ha querido salir al paso de la polémica. Cree que la Ley de Función Pública de Cantabria sí contempla la adaptabilidad de estas nuevas carreras a las plazas ofertadas. Aún así, recalca, se revisará detenidamente para ceñirse a la normativa y no cometer una ilegalidad.

Otra de las denuncias de CSIF y TU era la oferta “insuficiente” de plazas. 224 que no se adaptan, dicen, a las necesidades de la plantilla de funcionarios de la administración.

Sin embargo, De la Sierra asegura que la convocatoria es la máxima que permite la ley, la mejor detalla desde el año 2007 y deja claro que cumplir con las peticiones de los sindicatos, que reclamaban una propuesta de 600 trabajos, es “imposible”.

Entre las restricciones legales que impiden al Gobierno convocar más plazas, está la imposibilidad de llegar al cien por cien de las tasas de reposición en algunas especialidades o la prohibición de superar en un 2 por ciento el capítulo de personal con respecto al ejercicio anterior.

 

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