El Sistema Lexnet en la Administración de Justicia
Firma de opinión Mercedes Mayo. Lexnet.
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Córdoba
Desde que el pasado 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas entre Juzgados y profesionales de la Justicia a través del sistema Lexnet, han sido numerosas las críticas de todos los sectores involucrados por las frecuentes caídas del sistema e incidencias en el acceso al mismo, la falta de medios y de formación y otras dificultades asociadas a la incompatibilidad de los sistemas informáticos de algunas Comunidades Autónomas con este sistema procesal.
El Ministro de Justicia, obsesionado con una Justicia completamente digitalizada desde que llegó al cargo y por ponerse una medalla como un logro propio, está haciendo que una muy buena idea acabe siendo una carga.
No habría ningún problema con este nuevo sistema si no fuera porque Lexnet funciona con muchas deficiencias. Ciertamente hacen falta medios tecnológicos en la Justicia, pero medios que funcionen adecuadamente.
Al final, en lugar de facilitar el funcionamiento de la Justicia, Lexnet lo está dificultando todo un poco más y el que paga no son sólo los profesionales, sino el ciudadano de a pie, que es al que al fin y a la postre puede afectar este situación de inseguridad jurídica.
Lexnet sin duda es una buena idea y puede cambiar para siempre nuestro sistema judicial. Pero por hacer las cosas rápido y con indudables fines propagandísticos en su momento, puede tener el efecto contrario, afectando gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva.
La actual situación de colapso en los Juzgados no se produce por problemas o retrasos en las notificaciones, ni por cuestiones informáticas, sino porque no existen Jueces suficientes ni personal para resolver las cuestiones que se plantean en los escritos que se dirigen a los Juzgados. Con un Lexnet perfecto e ideal seguiríamos teniendo unos Juzgados colapsados.
Si Lexnet fuera beneficioso y supusiera un ahorro para los profesionales o funcionarios, éstos serían sin duda los primeros en defenderlo. La realidad está siendo bien distinta, Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, Procuradores y Sindicatos de Funcionarios han venido elevando quejas y solicitando una moratoria en su uso obligatorio hasta que se pueda garantizar un funcionamiento correcto y, sobre todo, la tan necesaria seguridad jurídica en las relaciones con la Justicia.
