Sanidad deberá indemnizar con 75.000 euros a la familia de una imputada en el caso Faycan tras su suicidio
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado al Servicio Canario de Salud (SCS) corresponsable del suicidio de Toñi Torres, una de las principales imputadas del proceso por corrupción municipal conocido como "caso Faycan", por no haberle prestado una atención adecuada la víspera.
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
El Servicio Canario de Salud (SCS) deberá indemnizar con 75.000 euros a la familia de la fallecida Toñi Torres, por darle de alta sin que la evaluara un psiquiatra. Torres después se acabó suicidando. Se tiró al vacío desde un edificio de Las Palmas de Gran Canaria el 25 de marzo de 2010, en plena instrucción del "caso Faycán", en el que la Fiscalía le imputaba delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y malversación, entre otros.
Hay que decir que Torres fue secretaria general del PP en Telde y durante el tiempo que estuvo al frente del mismo se investiga a la formación conservadora por presunta financiación ilegal. Ella arrastraba una depresión derivada de su imputación en el Caso Faycan, que sigue sin juzgarse. Según la Sala el hecho de que no hubiera un especialista en psiquiatría que la evaluara antes de recibir el alta hace al Servicio Canario de Salud responsable del hecho posterior, que causó la muerte de Torres.
La exconcejal de Telde, que ya había intentado matarse en ocasiones anteriores, ingresó el día previo en el Hospital Universitario Doctor Negrín con una sobredosis de medicamentos, de la que fue atendida en urgencias y dada de alta a las pocas horas.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC considera que el SCS incumplió sus propios protocolos sobre pacientes con conocidas tendencias suicidas al darle el alta sin que antes la viera el psiquiatra de guardia en el centro.
Los magistrados basan su fallo, fundamentalmente, en el incumplimiento de los protocolos, porque Torres recibió el alta después de que el médico de guardia conversara con ella y le reconociera el error que había cometido al intentar matarse con medicamentos (en un intento que no era el primero de ese tipo).
De hecho, los protocolos del SCS para este tipo de casos dictaminan que "todo paciente que haya cometido un intento de suicidio o tenga ideas autolíticas activas, debe ser valorado por el psiquiatra de guardia y este decidirá la verdadera gravedad y riesgo, así como la posterior actuación".
La sentencia relata que el psiquiatra del hospital sí había acudido a verla unas horas antes, pero no pudo hablar con ella, porque estaba somnolienta y con una sonda nasogátrica puesta.
La Sala admite que "es posible" que, si hubiera hablado con ella, el psiquiatra hubiera tomado la misma decisión que el médico de urgencias, darle el alta, y con el mismo resultado, pero subraya que lo relevante es que no se cumplieron los protocolos ni se ofreció a la paciente toda la atención que era necesaria.
El TSJC considera que, en este caso, procede cargar la sanidad pública con el 50 por ciento de la responsabilidad patrimonial de lo que ocurrió 24 horas más tarde, cuando Torres decidió tirarse al vacío, y condenarla a indemnizar a sus familiares con 75.000 euros.
En Sanidad dice que respetan la sentencia y la acatarán sin recurso mediante, por lo que tendrán que pagar a la familia de Torres.
