La Comunidad niega a un juzgado de Leganés el refuerzo que exige el Poder Judicial

Madrid

La Comunidad de Madrid no va a reforzar el juzgado número 6 de Leganés con las dos personas de apoyo —un tramitador y un gestor— que le exige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que avala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una nota, el CGPJ ordena que, durante seis meses, se refuerce ese órgano, que ha rebasado el volumen de trabajo que puede gestionar. El Gobierno regional, por su parte, evalúa mandar sólo a un funcionario y argumenta que se debe a "limitaciones presupuestarias".

Según el texto remitido por el CGPJ, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de esa localidad está saturado y con todos los índices muy por encima de la media nacional. Es el caso de la entrada de asuntos en el orden civil, que en las dos últimas anualidades "ha superado ampliamente", dice el Consejo, el indicador de entrada: un 144% en 2014 y un 167% en 2015. El órgano también sobrepasa la pendencia de asuntos civiles, que a 31 de diciembre de 2015 era de 555 asuntos declarativos, "superior" a la media del partido (396), a la de la Comunidad (478) y a la nacional (397).

El CGPJ también llama la atención sobre el número de escritos civiles pendientes de proveer. En este sentido, el número asciende a 779 —de los cuales 648 tienen más de 30 días— y en penal de 73 —donde 56 también tienen más de un mes—. Hay, además, 226 demandas civiles pendientes de incoación, mientras que la media del partido es de 40.

"El juzgado no tiene cubierta la mitad de la plantilla", denuncia Juanjo Carral, secretario de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). El sindicato lamenta "el poco interés" de la Comunidad de Madrid ante la falta de personal del juzgado —sometido al seguimiento del TSJM debido a su carga de trabajo— donde, según los representantes de los trabajadores, existen cuatro plazas sin cubrir.

Carral explica que la situación va más allá. Además del "problema" que se genera al personal del juzgado —que tiene que asumir "mucho más trabajo con menos gente"— también se le causa un "perjuicio" al ciudadano, señala, quien puede llevar "mucho tiempo" a la espera de las resoluciones que pueda emitir el órgano.

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La Comunidad de Madrid, que recibió la orden del Poder Judicial el pasado 29 de marzo, evalúa si mandar a uno de los dos funcionarios que le exige el Consejo. "Por cuestiones presupuestarias tenemos unas limitaciones en cuanto al número de refuerzos", explica Enrique Ruiz Escudero, viceconsejero de Presidencia y Justicia. Según el Gobierno regional, los refuerzos que se destinan a los órganos y servicios judiciales —88 plazas— están "a punto de cumplir el tope". Tiene que ser la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos la que tome una decisión.

El Ejecutivo regional, sin embargo, no cierra la puerta a cumplir con la orden que ha emitido el CGPJ, aunque sólo si ese órgano insiste. "En ese caso, nosotros tendríamos que consensuarlo con la Consejería de Hacienda", señala Escudero, quien también reconoce que "hay muchas limitaciones".