El Ayuntamiento suspende de empleo y sueldo a siete asesores del PP

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha empezado a tomar medidas contra los asesores investigados por el caso Taula. La junta de gobierno local ha aprobado suspender de empleo y sueldo a siete asesores del Partido Popular por su implicación en el presunto caso de blanqueo de dinero. El consistorio actúa así después de haber tenido acceso al expediente de la pieza separada del caso Taula que afecta al Ayuntamiento.

De esta forma, el consistorio les ha suspendido de empleo y sueldo desde este mismo viernes hasta un periodo máximo de seis meses. Además, han abierto expediente informativo a tres funcionarios que también están implicados en el caso.

El concejal Jordi Peris asegura que se actúa de la misma forma que en el caso del ex asesor del PP Luis Salom, que ya fue suspendido de empleo y sueldo y que, por cierto, ha denunciado al consistorio por tomar esta medida. No obstante, la suspensión de sueldo no es total, ya que los asesores suspendidos seguirán percibiendo el sueldo base. Se les eliminan solo los complementos. Una medida que, según Peris, se justifica en el reglamento disciplinario de consistorio.

No obstante, si el PP les da de baja en cualquier momento antes de esos seis meses, serían despedidos y se convocarían nuevas plazas de asesores.

A pesar de la suspensión de empleo de estos siete, Peris asegura que el PP mantiene a otros asesores que garantizarán el adecuado funcionamiento del grupo municipal.

Una decisión "dictatorial, injusta, arbitraria, totalitaria y cobarde" para el PP

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, ha calificado este viernes de "dictatorial, injusta, arbitraria, totalitaria y cobarde" la decisión de la Junta de Gobierno. Afirma Monzó que "la suspensión de los asesores es una nueva cacicada del alcalde" y "una medida "dictatorial" que aprueba la Junta de Gobierno "actuando como se fueran "auténticos inquisidores".

A su juicio, la medida "puede implicar la vulneración de derechos fundamentales" en la medida que la apertura del expediente disciplinario "se realiza sin tener en cuenta la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y los tiempos del proceso judicial".

Para Monzó, el "único objetivo" de la suspensión es "reducir el trabajo de la oposición" para que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, "pueda campar a sus anchas".