Alcaraz propone medidas legislativas para luchar contra “la cultura de la sospecha”

Alicante

El caso de la edil Nerea Belmonte en Alicante, expulsada del equipo de gobierno tras haber adjudicado desde su concejalía contratos menores a afines a su partido, suscita un debate sobre los códigos éticos que deben imperar a la administración.

Ayuntamientos como el de Barcelona ya empiezan a estudiar medidas, como la de prohibir la contratación de allegados como empleados públicos. Eso sí, ese y el resto de ayuntamientos, por ejemplo, siguen permitiendo como cargos de confianza de los políticos, personal con lazos sanguíneos o afectivos.

Tampoco la figura de los contratos menores, que la Ley de Contratos del Sector Público permite adjudicar "directamente a cualquier empresario servicios por importe inferior a los 18.000 euros", es algo que haya entrado en el debate público.

Desde la consellería de Transparencia, su responsable Manuel Alcaraz, admite que sí es necesaria una reflexión desde la legislación porque "la cultura de la sospecha es extraordinariamente venenosa".

Es evidente, dice el conseller, que las pautas éticas han cambiado y que estos asuntos preocupan. Por eso se están empezando a estudiar medidas para "evitar este tipo de discrecionalidades y extremar las justificaciones", más allá de lo que dicta la ley.

Afirma que la legislación estatal deja atadas en este asunto a las comunidades autónomas, pero que en la Valenciana se está empezando a actuar.

Apostilla Alcaraz que, en el caso concreto de Nerea Belmonte, al margen no entenderse que una concejalía de Acción Social requiera contratar un departamento de imagen y comunicación para promocionar sus logros, ha habido un error de prudencia por parte de Podemos, al situarse como adalides de la ética.

En cualquier caso, este episodio queda, dice, como meramente anecdótico para el Ayuntamiento de Alicante, comparado con los atropellos del anterior equipo de gobierno, del PP, que deberá dar explicaciones, dice, por esas relaciones con el empresario Enrique Ortiz, partido al que con su confesión éste ha puesto en el punto de mira.

Melón por abrir

Por su parte, en el Ayuntamiento de Alicante, el portavoz de gobierno, Natxo Bellido, reconoce que el debate legislativo es "un melón que está por abrir", pero que de momento la figura del contrato menor entra dentro de "lo normal, y lo hacen todas las administraciones".

Del mismo modo, para Guanyar, el grupo al que pertenecía la edil expulsada, el debate al que pueda dar pie el episodio Belmonte no está centrado en la legalidad, sino "en la ética de la actuación".

Reconoce el concejal de esta formación y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, que plantear en el Congreso iniciativas que modifiquen esa regulación de los contratos municipales "es algo de lo que no se ha hablado en absoluto".

Por cierto, que a Belmonte se ha referido el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel. Además de asumir y respaldar las decisiones tomadas por la gestora de Podemos Alicante, recalca que "el gran problema ya no son ni siquiera los 17.000 euros en adjudicaciones", que es un tema que se puede dilucidar, sino que su negativa a asumir el resultado de la asamblea de Guanyar ha provocado "una tempestad que ha ocultado el conflicto original".