Las pensiones, derecho de los ciudadanos

Palencia

No fue buena en cuanto a noticias la pasada semana, no. El incumplimiento del compromiso de déficit puede que fuera lo llamativo, aunque a mí me parece que lo más preocupante son las alarmas desatadas con el agujero de la Seguridad Social. Si vamos a los datos, Castilla y León tiene 1,44 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista, un ratio insuficiente a todas luces, agravado además por los bajos salarios que provocan que la contribución de trabajadores y empresas sea cada vez más minúscula.

Y se da la circunstancia que éste es precisamente el argumentario político que más gusta esgrimir para justificar de manera fulminante que una caída en los ingresos debería ser la consecuencia una posible bajada en las pensiones. Sin embargo, la cuestión habría de ser otra: plantearnos qué modelo de prestaciones sociales queremos darnos y buscar las vías de financiación necesarias para poder hacer sostenible dicho propósito.

Vayamos a por más datos: hoy el porcentaje de personas mayores de 64 años respecto de la población en edad de trabajar está en torno al 27%, pero la proyección para este colectivo el año 2050 será de más del 62%. Así que, en 2050, año en el que se jubilará la generación más numerosa de la historia de nuestro país, tendremos la misma inversión en pensiones que en 2013 para más del doble de pensionistas que hasta ahora.

Y como los números son tan testarudos, resulta angustioso reconocer que para ese paradigmático año, el del 2050, de seguir así la inversión de España en pensiones no alcanzaría siquiera los niveles que hoy ya tienen muchos de los países de la zona euro, territorios de los que tan a menudo echamos mano para establecer comparaciones.

¿Qué hacer entonces? Soy de la opinión que un problema bien definido puede ser un problema medio resuelto, y por lo tanto hay que ponerse manos a la obra cuanto antes. Debemos admitir de una vez por todas que la sostenibilidad del sistema de pensiones no es una cuestión meramente técnica o económica, sino política. Dejémonos de falacias y de argucias y vayamos al grano.

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima prioridad e importancia social y política. Asumir que países como Francia o Italia puedan dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar esa misma proporción en 2050 es de un irrealismo tan oscuro que nos llevaría a aceptar sin más que nuestro paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser los peores de su historia en los próximos años. ¿Y si eso fuera cierto? Necesitamos explicaciones y, sobre todo, acuerdos políticos de inmediato.