El juicio de Fitur suspendido otra vez

Valencia

Ya lo anunció la fiscal en su día: considera que a la vista de los testimonios y las pruebas recogidas durante el juicio que se celebra desde junio pasado se puede concluir que los acusados relacionados con Orange Market, la filial valenciana del supuesto grupo empresarial de Francisco Correa, se asociaron ilegalmente, de forma estable y jerarquizada con la única finalidad de delinquir, obteniendo los contratos para la presencia de la Comunitat Valenciana en varias ediciones de FITUR de forma irregular.

El anuncio de esa petición, que supone una petición de tres años más de pena de prisión para Francisco Correa y Pablo Crespo, y de 18 meses más para el resto de trabajadores de Orange Market investigados, Álvaro Pérez incluido, ha motivado la petición de la defensa de Crespo, el abogado Miguel Durán, primero, de eliminar ese delito porque la fiscal no lo hizo constar en su informe preliminar y en el caso de que la sala dijera que no, como así ha sido, en aras a garantizar el principio de la tutela judicial efectiva y evitar un recurso de amparo ante el Constitucional, solicitar nuevas pruebas y varias testificales.

La sala ha estimado esa segunda parte de la alegación del abogado Miguel Durán a la que se adherían el resto de defensas señaladas. Así las cosas, el próximo día 7 se retomará el juicio con las declaraciones de esos diez testigos. Algunos de los cuales, al menos, y según ha trascendido, ya habrían prestado declaración en su día y ahora volverán a hacerlo pero para responder solo a las cuestiones relativas al nuevo delito incluido en su informe por el ministerio público. De esos testimonios y de los documentos que puedan aportar los señalados la fiscal podría modificar de nuevo su informe.

Fuentes consultadas por la Ser califican como garantista la decisión de la sala. Mantienen que no hay ningún añadido, que simplemente ha quedado acreditado durante la vista oral la existencia de una asociación creada con el ánimo de delinquir y recuerdan la doctrina del Supremo cuando afirma que los juicios orales pueden modificar los informes preliminares puesto que su realización tiene como fin la demostración de unos hechos y a ellos se aportan testimonios y pruebas que pueden introducir cambios.

La propia sala, al rechazar que se retirara ese delito de asociación ilícita, acepta que no hay modificación de hechos. Las nuevas declaraciones se han fijado para los próximos días 7, 8 y 11 de abril.

Ya a su llegada al alto tribunal Crespo señalaba que "se han sometido a la prueba diabólica" propuesta por la fiscal y han demostrado que las acusaciones son falsas pero Miguel Durán, el letrado de Crespo, apuntaba que para la fiscal "es el caso de su vida". A micro cerrado y ante los periodistas otras fuentes abundaban en esa idea y aseguraban que ante las pruebas de que no hay nada, la fiscal está intentando quemar sus últimos cartuchos añadiendo delitos que no estaban en la causa.

No es la primera vez que este juicio se suspende. Hace un año la primera sesión ya se suspendió a petición de las defensas de los trece acusados por la incorporación de documentación que no había llegado a las partes todavía. El juicio no comenzó hasta junio pasado.

Recordamos, esta pieza es la número 3 de la rama valenciana de Gurtel. Las otras cinco piezas de esa rama valenciana han ido progresivamente volviendo a la Audiencia Nacional, que instruye la pieza principal, porque se han ido quedando sin aforados. Entre los procesados, dos ex conselleras de turismo: Milagrosa Martínez, para la que el fiscal pide once años de prisión, y Angélica Such para quien pide nueve años de inhabilitación. El jefe de gabinete de de Martínez, Rafael Betoret, también se enfrenta a una petición de once años de prisión. Con las modificaciones expuestas por la fiscalía los cabecillas de la trama Gurtel se enfrentan, Francisco Correa, a trece años; catorce para Pablo Crespo y once para Alvaro Pérez.