La Fiscalía abre una investigación a partir de las pruebas rechazadas por el juez de Marea

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther García, ha dictado un Decreto por el que acuerda la apertura de Diligencias de Investigación en base a la documentación remitida por la Consejería de Educación sobre presuntas irregularidades detectadas en el suministro de material a centros educativos de la comunidad para favorecer a las empresas APSA e IGRAFO. Se trata de la prueba rechazada en la primera sesión del juicio por el Caso Marea a petición de las defensas, que argumentaron haber carecido de tiempo para examinas una documentación presentada en las últimas semanas, tras la auditoría ordenada por el actual gobierno de Javier Fernández. Argumentaban que podía haber sido presentada antes y que se podía incurrir en indefensión para los procesados.

El Principado decidió entonces acudir a la Fiscalía con el fin de que se abrieran diligencias de investigación con el fin de reclamar posibles responsabilidades penales, acudir a la víc civil o incluso la apertura de un nuevo proceso. El ministerio público ha accedido a la petición del gobierno regional dado que por los hechos denunciados no se tramita en la actualidad causa penal alguna.

Respecto al juicio del Caso Marea, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha querido recalcar que el Gobierno nunca negoció con ninguna de las partes un acuerdo que pudiera permitir que el juicio no se celebrara. Responde, sobre todo, a la Defensa del empresario, Víctor Manuel Muñiz, que llegó a decir a la prensa que preguntemos al consejero, afirmando que “siempre hay reuniones”.

El consejero sí admitió haber asistido a una en la sede de la Fiscalía con todas las partes pero aseguró que el Principado se negó a considerar cualquier posibilidad de acuerdo, como buscaban varias defensas.