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"Las declaraciones del técnico desmontan las defensas de Rubert y Tomás"

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, espera que el ayuntamiento no tenga que pagar los 600.000€ que demanda la empresa Piaf por unas facturas presuntamente irregulares

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, en la bodeguilla de Radio Castellón Cadena SER en las fiestas de la Magdalena 2016. / Javier Quesada

Vila-real

Las declaraciones por el caso de la empresa Piaf ha vivido un nuevo capítulo este viernes con la declaración de dos nuevos investigados. En esta ocasión han comparecido en el juzgado nº1 de Vila-real el ex presidente de la entidad y el técnico municipal que se negó a firmar las facturas presuntamente irregulares por valor de 600.000 euros.

Tras las declaraciones del ex alcalde del Partido Popular Juan José Rubert y del ex concejal y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Ramón Tomás, ambos por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, la causa llega a uno de los puntos más decisivos después de casi cinco años de investigaciones y denuncias. Ambos negaron los hechos y desviaron responsabilidades tal y como explica el alcalde de Vila-real, José Benlloch.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, habladel caso Piaf

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Ayer por la mañana comparecieron ante el juez el ex presidente de la compañía, Antonio Pons, y el técnico municipal que se negó a firmar las facturas presuntamente irregulares. Sobre estas declaraciones, Benlloch ha explicado que tanto el empresario como el técnico municipal han admitido que quien tomaba las decisiones eran los políticos, en este caso Ramón Tomás como responsable del departamento de Servicios Públicos. Unas afirmaciones que para el primer edil desmontan las defensas de Tomás y Rubert.

Benlloch critica la forma de gestionar los casos de corrupción por parte del PP

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Según Benlloch, el técnico municipal ha admitido que no respondió al requerimiento de junio de 2011 de la Intervención municipal para verificar los trabajos facturados porque Tomás le dijo que firmaba las facturas por estar en funciones. El alcalde de Vila-real espera que los tribunales acaben dando la razón al ayuntamiento y en caso de tener que pagar a la empresa los 600.000 euros que reclama, insiste en que deberían hacerlo los responsables políticos del caso.

 
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