El ex alcalde de Pego de nuevo en el banquillo de los acusados
Carlos Pascual está acusado de prevaricaión por ordenar el pago de trabajos de limpieza en los arrozales del marjal
Generalitat Valenciana
Alicante
Carlos Pascual, el que fuera primer edil de la localidad de Pego, se volverá a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante este próximo miércoles, acusado de un delito de prevaricación cometido supuestamente en el año 2003 al autorizar el pago de casi 400.000 euros a una empresa por la limpieza de los arrozales situados en el marjal Pego-Oliva.
El Fiscal mantiene que Pascual autorizó ese pago en 2003 cuando era primer edil de la localidad y lo habría hecho "a sabiendas de su injusticia", ya que "incumplió todas las formalidades legales necesarias" al prescindir de contrato administrativo, consignación presupuestaria, un proyecto o una memoria previamente aprobada
Además los arrozales no eran propiedad municipal. Su mantenimiento correspondía a la Comunidad de Regantes del marjal. Se enfrenta a una peticion de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
De hecho, dos convenios de colaboración fechados en 1996 y 2003 recogían "la financiación y adhesión por parte del Ayuntamiento en todas las actuaciones que lleve a cabo la comunidad de regantes de los arrozales de Pego-Oliva", pero no incluían en modo alguno "la contratación ni la ejecución por parte del mismo", relata la fiscalía.
El segundo de estos convenios sí establecía una colaboración económica por parte del Consistorio, aunque limitada a 120.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó en 2007 a la corporación a abonar los casi 400.000 euros de la limpieza de los arrozales.
Ya condenado
Pascual, que era alcalde de Pego por un partido independiente, ha cumplido una pena de seis años de prisión por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del parque natural del marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998.
La sentencia establecía también seis años de inhabilitación para él y el pago de una multa de 7.920 euros tanto por el delito medioambiental como por otro de quebrantamiento de medida cautelar y un delito atentado contra funcionario público en la persona del entonces director del parque natural, Vicente Urios.
El tribunal también condenó al exconcejal de Agricultura José Orihuel, quien era a su vez presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, a tres años de prisión e inhabilitación para cargo público electivo y al pago de la misma multa.
Según declaró probado la Audiencia Provincial, y ratificó tiempo después el Tribunal Supremo, los procesados llevaron a cabo actuaciones prohibidas en el parque para recuperar los cultivos de arroz y lograr una revalorización de las fincas particulares ubicadas en el lugar.
Así, autorizaron la quema de vegetación sin permiso alguno de la Conselleria de Medio Ambiente, la rebaja del nivel de agua del humedal con la instalación de bombas y la construcción de diques y caminos para facilitar el paso de vehículos, lo que provocó una masiva mortandad de peces y la amenaza de desecación del marjal.
La mayoría de esas obras, que prosiguieron pese a la orden de paralización dictada por un juzgado de Dénia, fueron ejecutadas por la mercantil Ruzafa SL, la misma a la que Pascual ordenó pagar los trabajos de limpieza por los que se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados en una vista para la que aún no hay fecha.
