La EMVS encarga un informe sobre la venta de pisos a fondos de inversión

Madrid

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha aprobado este lunes, con el voto en contra del representante del PP, encargar un informe jurídico sobre la legalidad de la venta en 2012 y 2013 de 2.956 viviendas a fondos de inversión. La idea es analizar qué recorrido judicial puede seguir el proceso y marcar "el camino a seguir".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, han informado de esta decisión adoptada por el consejo de administración de la entidad. Una reunión convocada de forma extraordinaria tras conocerse el borrador de la Cámara de Cuentas de Madrid que cuestionaba la operación promovida por el Gobierno municipal en tiempos de Ana Botella (PP).

La Cámara cuestiona en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de vivienda pública por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos, lo que supone un incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

La venta de vivienda pública con el objetivo de reducir la deuda de la empresa municipal fue una de las decisiones más polémicas de la exalcaldesa Ana Botella, una operación sobre la que ahora la propia EMVS realizará un informe jurídico "que ponga de manifiesto si ha habido irregularidades y cuáles han sido", según la delegada Marta Higueras.

La responsable del área de la que depende la empresa pública de la vivienda ha mostrado su sorpresa porque, "después de un largo debate", el consejero del PP haya votado en contra de solicitar este informe jurídico "Todos los demás hemos votado a favor", ha lamentado Higueras, que ha relatado que el PP justificaba su voto en contra en que prefería esperar a que el informe fuese definitivo.

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"Les hemos dicho que tenemos mucha más documentación, que no es lo único que se va a analizar y que eso es un elemento más", ha indicado a los periodistas Higueras, que ha apuntado al 27 de abril como la fecha en que estará previsiblemente el informe definitivo de la Cámara de Cuentas.

En ese sentido, también el concejal de Economía y Hacienda ha comentado que ante la situación conocida en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) el Ayuntamiento "no puede quedarse mano sobre mano y esperando a no sabemos qué", aunque ha asumido que hasta que el proyecto no sea definitivo no podrá utilizarse "de manera judicial.

"Los informes jurídicos sirven para analizar cuál es el camino a seguir", ha comentado Sánchez Mato, que ha indicado que la política del Ayuntamiento será informar al consejo de administración de la EMVS de cada uno de los pasos que se vayan dando en materia judicial.

Alegaciones: el Ayuntamiento podría pedir responsabilidad contable

La EMVS ha presentado alegaciones al anteproyecto del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la enajenación de 18 promociones, entre otras razones, por el "simulacro de subastilla" al 'fondo buitre' Fidere, enmascarada por la auditora PWC para vender "sí o sí".

En el escrito de alegaciones formuladas ante la Cámara de Cuentas, la presidenta de la EMVS, Marta Higueras, defiende que en la venta de inmuebles a Fidere, el anterior equipo de Gobierno “no respetó el procedimiento administrativo fijado por el Ayuntamiento”, lo que evidencia “una gestión que ha originado pérdidas al patrimonio de la empresa pública”. Todo respondió, según las alegaciones, a “la intención de crear una apariencia formal de legalidad, actuación que podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades”.

El Ayuntamiento se reserva las posibles acciones judiciales, tanto civiles como penales, a la espera del informe que hagan los servicios jurídicos. En sus alegaciones, la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, añade que también “cabría la exigencia de responsabilidad contable en que pudieran haber incurrido los que tuvieron a su cargo el manejo de fondos públicos”, en tiempos del PP.

Serrano argumenta, además, que el incumplimiento "se enmascaró" en un plan de viabilidad "recomendado de manera exclusiva por una empresa auditora, PWC, que incluso llegó a señalar la banda de precio en la que tendría que moverse la enajenación".

"Se trataba de proceder a dicha venta sí o sí pues nadie se opondría a un plan de viabilidad que se presentaba como fundamental y esencial para la continuidad de la EMVS", indica la consejera delegada. El informe de PWC se entregó el 2 de abril de 2013, cinco meses después de que se iniciase por el órgano de administración de la EMVS la comercialización de las promociones", algo que resulta "revelador", añade.

Informe jurídico

El informe estudia las operaciones de venta por 261 millones de euros de casi 3.000 viviendas sociales en tiempos de Botella. De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

Además, estudia la venta de cuatro solares por 3,6 millones; y los traspasos de propiedad a favor del Ayuntamiento de 37 parcelas de la EMVS que obligan a la administración a asumir préstamos hipotecarios por 233,77 millones.

En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el borrador esgrime que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".

Esto contraviene, según la Cámara de Cuentas, el Reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado en 2008 y modificado en 2012, que "impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento".

Fidere se defiende

En un comunicado, el fondo de inversión Fidere ha defendido la legalidad de la adquisición de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en octubre de 2013, así como de la gestión de los inmuebles conforme a la legislación vigente.

Según los datos del fondo, la compra de los pisos se llevó a cabo en un proceso "competitivo y transparente", de acuerdo a la legislación vigente y a través de un procedimiento público. Además, Fidere recuerda que el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid apuntó en enero de 2015 que la transmisión de los inmuebles se efectuó en el marco de la legislación vigente y se desarrolló hasta el final a través de un procedimiento público "sin que haya elemento o indicio alguno ni de que exista perjuicio para los inquilinos ni resolución administrativa ilícita". Esa resolución, prosigue la empresa, fue ratificada en un auto no recurrible por la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2015.

Sobre la gestión de los inmuebles, Fidere apunta que actualmente más del 90 % de estos inmuebles están habitados, frente al 72 % de ocupación cuando fueron adquiridos a la EMVS. Relata que de los 1.900 pisos han existido once desahucios forzosos por falta de pago (el 0,6 %), dato que a juicio de la empresa evidencia que los desalojos no forman parte de su política de empresa.

Fidere esgrime que ha mantenido todos los contratos vigentes que los inquilinos firmaron con la EMVS, incluidos los que estipulaban reducciones de alquiler. Igualmente, recalca que cumple "escrupulosamente" con las normas que regulan la vivienda protegida y que rigen la renta máxima de alquiler. También que los inquilinos que en su día contrataron la vivienda con la EMVS no han visto incrementados los gastos de comunidad de los edificios.

La empresa asegura que actualmente ayuda a más del 80 % de los inquilinos con problemas en el pago de los alquileres a través de planes flexibles y en todos los casos tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad social. "Trabajamos en su día estrechamente con la EMVS en estos casos y ahora seguimos haciéndolo con la Oficina de Intermediación del Ayuntamiento", expone el fondo, que recalca que siempre ha respetado las cláusulas sobre opción de compra incluidas en los contratos con la EMVS.

Por último, Fidere recalca que José María Aznar Botella, hijo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, al frente del Ayuntamiento en el momento de la venta, "nunca" ha tenido "vínculo o relación" alguna con Fidere o con sus accionistas.