Martes, 27 de Octubre de 2020

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El Constitucional estudiará la Ley del Suelo de PP y Ciudadanos en Madrid

Admite a trámite el recurso presentado por Podemos contra la norma que desbloquea las operaciones urbanísticas Chamartín y Calderón

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero (3d), el secretario de Relación con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral (c) y Juan López de Uralde, diputado por Álava, junto a los colectivos Ecologistas en Acción, Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, Asociación Señales de Humo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), momentos antes de presentar hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero (3d), el secretario de Relación con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral (c) y Juan López de Uralde, diputado por Álava, junto a los colectivos Ecologistas en Acción, Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, Asociación Señales de Humo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), momentos antes de presentar hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid / Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Tribunal Constitucional estudiará la nueva Ley del Suelo impulsada por PP y Ciudadanos en Madrid: en una providencia del pasado doce de abril, el pleno ha decidido admitir a trámite el recurso que presentó Podemos contra la norma aprobada el pasado mes de diciembre, aunque sin dictar ningún tipo de suspensión cautelar. 

La formación morada llevó ante el tribunal de garantías esta modificación de la Ley del Suelo junto con diversos colectivos sociales a finales del pasado mes de marzo: denuncian que la nueva norma, aprobada por PP y Ciudadanos, retiraba la limitación de construir edificios de más de tres alturas. Una limitación en base a la cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene bloqueadas las operaciones Chamartín y Mahou-Calderón. 

Tras la admisión a trámite, el Tribunal Constitucional da un plazo de quince días a las partes implicadas para que hagan alegaciones: Congreso, Senado, Comunidad de Madrid y Asamblea de Madrid. 

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