El Gobierno de Barkos rechaza eliminar las cesantías y ampliar las incompatibilidades

Pamplona

El Gobierno de Navarra ha mostrado su disconformidad con la proposición de ley elaborada por EH Bildu y Podemos para modificar la normativa sobre incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo y otros altos cargos.

A juicio del Gobierno foral, ha dicho en conferencia de prensa su portavoz, Ana Ollo, hay que redefinir las incompatibilidades "para conjugar la participación pública y el posterior derecho al trabajo una vez que finalizan su servicio público", una materia que apuesta por realizar en el marco de la elaboración del Código Ético previsto en el acuerdo programático.

Por su parte, la proposición de ley elaborada por EH Bildu y Podemos plantea ampliar de 2 a 10 años el plazo de prohibición para desarrollar actividades derivadas de la labor pública anterior y que se supriman las prestaciones económicas, denominadas "cesantías", que en la actualidad pueden durar hasta un máximo de 24 años.

Para el gabinete de Uxue Barkos sin embargo "la solución no es la mera ampliación del periodo de limitación de actividades por encima de los dos años, ni suprimir cualquier retribución compensatoria" sino la "necesaria modificación" de la actual normativa de forma se revise no sólo en lo temporal sino también en "su ámbito material y sustancial".

Así, el Ejecutivo propone realizar "una nueva definición de las actividades que han de ser limitadas o sometidas a control o a régimen de autorización" y con ello "evitar" tanto las conductas ahora "incontroladas" como las llamadas "puertas giratorias" que proporcionan un beneficio privado por una participación previa en lo público.

El Gobierno aboga igualmente por "evitar" también "la realización de actividades privadas que queden fuera de la normativa actual y que escapan de la limitada definición de la actual normativa".

En este sentido, recuerda que el Acuerdo Programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E dispone que se deberá aprobar un Código Ético que "supere" la legislación actual de Buen Gobierno e Incompatibilidades, "definiendo qué conductas se consideran inadecuadas, y estableciendo un procedimiento sancionador, instruido y resuelto por un órgano independiente del Gobierno".

Y adelanta que su apuesta pasa por modificar la ley foral para ahondar en el concepto de incompatibilidad de una "forma proporcional y estableciendo límites, con el fin de que nadie se aproveche de lo público para lo privado, pero que por otro lado también propicie que las personas más capacitadas puedan optar sin ningún temor a los puestos de mayor responsabilidad en la gestión de lo público".

Para ello sugiere que un Comité de Evaluación "examine la normalidad de la relación profesional y laboral que un algo cargo se proponga llevar a cabo tras finalizar su labor pública", y que pueda "sopesar también la incidencia de límites cualitativos en las expectativas de retribuciones e ingresos que puedan derivarse de la actividad que se someta a consideración