Los tribunales anulan el contrato del servicio municipal de alquiler de bicicletas

Málaga

Varapalo judicial al ayuntamiento de Málaga: los juzgados han anulado el 'anómalo' procedimiento por el que el ayuntamiento de Málaga contrató el sistema de alquiler de bicicletas sin sacarlo a concurso público.

Fue en mayo de 2012 cuando el consistorio modificó el contrato con la empresa CEMUSA, que tenía adjudicada la explotación de la publicidad en marquesinas y paradas de la EMT y había recurrido a los tribunales argumentando que la "crisis" le había provocado un desequilibrio económico de la concesión. Llegó a deber cerca de 10 millones de euros al ayuntamiento de canon tras ser la adjudicataria con una oferta que otras empresas calificaron de desproporcionada y temeraria, porque duplicaba al siguiente aspirante en su propuesta de canon municipal (4,3 millones de euros).

Finalmente, el ayuntamiento optó por cambiar ese contrato con la instalación de nuevos soportes publicitarios e incluir la instalación y prestación del servicio de alquiler de bicicletas (400 bicicletas en 16 estaciones con un mínimom de 600 puntos de anclaje). A cambio, se le rebajaba a cerca de la mitad el dinero que Cemusa debía pagar al ayuntamiento, de 48 millones de euros entre 2012 y hasta 2021 pasó a tener que abonar en torno a 23 millones en concepto de canon.

La EMT argumentó esos cambios en el aumento de viajeros y en la instalación de un sistema con objeto de que el usuario del transporte público cogiese la bicicleta después de bajar de autobús para llegar a su destino final.

Ahora, tras el recurso presentado por una de las empresas que optó al primer contrato y no resultó adjudicataria, los tribunales anulan ese procedimiento y dan un fuerte tirón de orejas al ayuntamiento de Málaga.

De hecho, el Tribunal Superior Justicia de Andalucía, en su sentencia notificada en marzo de este año, afirma que resulta "palmario" que se trató de una "alteración sustancial" del contrato y que supone, señala textualmente, una "flagrante vulneración de la normativa de contratación de la administraciones públicas".

Sostiene que lo pertinente era un "procedimiento de concurrencia competitiva" en lugar acudir "improcedentemente" a esa modificación del contrato.

La sentencia del TSJA confirma una primera sentencia que fue recurrida por el ayuntamiento de Málaga y Cemusa, que son condenadas a pagar las costas del proceso.

Se da la circunstancia de que la empresa que demandó al ayuntamiento, JDC, luego compró CEMUSA e intentó retirar el asunto de los tribunales, pero el TSJA no lo permitió. A esta circunstancia se agarra el ayuntamiento de Málaga para aseverar que "el servicio no se verá afectado", según ha trasladado la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, a esta emisora.

Por su parte, el Partido Socialista ha pedido que se depuren responsabilidades: "Por desgracia llevábamos razón, el juzgado, en segunda instancia y de manera firme, viene a decir que el Ayuntamiento se saltó por los aires las normas de contratación de la adjudicación pública; hicieron un apaño con una deuda de un privado que no podía cobrar el ayuntamiento y se lo compensó con un servicio de bicicletas", afirma la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Gámez, que añade que ese "artificio legal" que "no se ajusta a la ley" ha evitado que el sistema se adjudicase en un concurso público a la empresa que "mejor lo hubiera realizado y con los mejores precios" y ha provocado que se haya pagado "carísimo y en muy malas condiciones. Aquí habrá que exigir responsabilidades", concluye Gámez.