La EMVS recolocó a familias que los fondos buitre querían desahuciar

Madrid

Los 'fondos buitre' a los que el Ayuntamiento (con el PP) vendió viviendas sociales, remitían listados con las familias a las que pretendían desahuciar para que éstas fuesen recolocadas "sin ruidos" y, de ese modo, no asumir "el coste social" de dejarlas en la calle. Así lo ha detallado este martes durante el pleno municipal la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

"Es verdad, los fondos buitre no han desahuciado a nadie porque la Empresa Municipal de la Vivienda les recolocaba a las familias que no podían pagar sus rentas como consecuencia de las subidas en sus contratos", ha denunciado la delegada ante el pleno municipal durante una comparecencia a petición del PSOE para que explicase las acciones que iba a emprender contra la venta de viviendas sociales a fondos públicos.

Higueras, que ha preferido no pronunciarse sobre las posibles acciones que podría emprender el Ayuntamiento contra la venta de viviendas a los fondos de inversión puesto que el informe de la Cámara de Cuentas que alerta de irregularidades es provisional, sí ha alertado de las "prácticas" que se llevaban a cabo en la EMVS.

También ha confirmado que la reversión de las casi 3.000 viviendas enajenadas, 1.860 de ellas a Blackstone, "es muy complicada" por un "contrato de venta perfectamente encajado", aunque no descarta en el futuro pedir responsabilidades penales a los anteriores gestores. Higueras ha recordado que las querellas de algunas de las familias afectadas fueron archivadas pero entonces no se conocían los detalles del informe preliminar de la Cámara de Cuentas, que expone una serie de "irregularidades" en ese proceso de enajenación del patrimonio público.

Es por eso que la vía judicial sigue abierta, condicionada al informe definitivo de dicho órgano de la Comunidad de Madrid. "Si se confirman las irregularidades veremos las acciones judiciales municipales que puedan ser más eficaces", ha explicado.

"Es un negocio redondo para ellos: compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a personas vulnerables que no pueden pagarlo y las desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias", ha revelado Higueras.

La delegada ha asegurado que "nada más llegar" a la EMVS, de la que es presidenta, le mandaron "sin ningún pudor" un "listado" en el que le avisaban de los próximos desahucios que iban a efectuar y le alertaban de las familias en una situación "verdaderamente extrema" pero que "ellos no iban a tener a bien a valorar".

"Los iban a lanzar sin contemplaciones. Esto es una práctica absolutamente reprobable y en cuanto vi esta manera de actuar di orden de que se parara de inmediato", ha asegurado la delegada, que asegura que no permitirá que ninguna familia vulnerable se quede sin casa pero tampoco se lo va a poner fácil a los fondos buitre ni será "cómplice" de una "maniobra orquestada" por el anterior equipo de Gobierno, del PP.

“Mobbing inmobiliario”

La socialista Mercedes González ha arremetido contra el "mobbing inmobiliario" que se esconde detrás de esta operación de enajenación, firmada por el equipo de Ana Botella, de quien ha dicho que garantizó que "se subrogaban todos los derechos y deberes y que sólo se cambiaba el emisor en los contratos de alquiler", que pasaría de la EMVS a la gestora Fidere.

"Fue una afirmación falsa porque Fidere aprovecha cualquier resquicio para subir las cuotas e impedir la prórroga de los contratos, además de descuidar el mantenimiento para deshacerse de las familias para vender y arrendar a precios de mercado", ha remachado la concejala. También ha criticado la "histriónica" medida de Ana Botella de ofrecer 400 viviendas sociales "para la gente que habían echado" con la venta de promociones.

El concejal de Ciudadanos Bosco Labrado ha destacado que los 626 millones de euros de deuda financiera de la EMVS suponen "un reproche a los gestores de entonces", a quienes ha reconocido sus "circunstancias difíciles", pero nunca se puede justificar con esa deuda una venta que además se hizo con "premura".

Para el popular José Luis Martínez Almeida, esta cuestión no es más que un "intento de criminalizar la gestión del PP, calumniar, injuriar y difamar". También ha recordado que la Justicia ha archivado dos autos, uno firmado por el exportavoz socialista Jaime Lissavetzky, y que la decisión de la EMVS de contratar a un abogado penalista "no es más que propaganda".