Archivada la denuncia contra el director del SAE
El juzgado y la Fiscalía consideran que no ha existido prevaricación administrativa en la readmisión de algunos extrabajadores contratados por el plan MEMTA
La jueza de instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores, con el apoyo del fiscal, ha archivado la denuncia contra el director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca y contra su antecesor en el cargo, Antonio González. Ni el uno ni el otro han prevaricado al readmitir a algunos extrabajadores del plan de empleo estatal MEMTA y a otros no. Estas personas asesoraban en la búsqueda de empleo y fueron despedidos cuando se acabaron los fondos para el programa.
Una docena de extrabajadores acudieron a los tribunales porque aseguraban que la Junta había readmitido a personas con despidos improcedentes y no había hecho lo mismo con otros despidos declarados nulos. La magistrada asegura que ha resultado probado que esa readmisión derivó de que a la Junta se le había pasado el plazo para conceder la indemnización que les correspondía por el despido improcedente.
La jueza aplica el principio de intervención mínima del derecho penal. "Corresponde de manera prioritaria a la jurisdicción contencioso-administrativa revisar las actuaciones de la Administración", dice el auto de sobreseimiento provisional.
Flores afirma que no cabe la prevaricación porque el SAE decidió que indemnizaría a todos los despedidos con sentencia firme donde se declara improcedente ese despido y, además, adoptó las medidas para obtener el dinero que necesitaba para pagar las indemnizaciones correspondientes.
En el auto, la jueza dice que la jurisprudencia ha establecido que hay que restringir el delito de prevaricación administrativa a "las ilegalidades severas y dolosas". Ilegalidades que vendrían dadas porque se hayan dictado resoluciones sin tener la competencia exigida o bien porque no se hayan respetado las normas esenciales del procedimiento o por la total ausencia de fundamento.