El juez archiva el caso AUZSA

Zaragoza

Fue el sindicato SOMOS el que presentó la denuncia, tras el pago de dos millones de euros que hizo el ayuntamiento a la empresa AUZSA para indemnizar a 153 conductores que fueron despedidos. El juez considera que el proceso de licitación del servicio público del bus urbano "careció de la claridad deseable, en lo que tiene que ver con la subrogación del personal de la antigua concesionaria" y añade que "puede deducirse que el coste laboral de las indemnizaciones no debería ser asumido por el ayuntamiento". Dicho esto, el juez señala que puede discutirse la interpretación, y considerarse que la decisión del gobierno anterior fue equivocada, pero añade que en ningún caso concurren los requisitos de delito de prevaricación.

También se archiva la acusación que había sobre otras dos personas, una de ellas el interventor del ayuntamiento, Ignacio Notivoli.

El otro acusado era Luis García Mercadal, que hasta el pasado lunes era el jefe de los servicios juridicos del ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de Zaragoza en Común lo destituyó por estar investigado en esta causa de las indemnizaciones de AUZSA.