La Junta acusa al alcalde de "dinamitar" el metro y poner en riesgo su viabilidad
Los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento ya estudian el informe de Urbanismo. Ruíz Espejo dice que De la Torre actúa "de mala fe" y que las cuestiones las tenía que haber planteado antes de firmar el convenio con la administración regional en noviembre de 2013
José Luís Ruíz Espejo acusa al alcalde de Málaga de "dinamitar" el metro y poner en riesgo su viabilidad
00:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1461929821_805597/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Málaga
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado tras el pronunciamiento del Ayuntamiento de Málaga con un informe negativo en relación con el proyecto de prolongación en superficie de la línea 2 al Hospital Civil, que constituye "un acto de mala fe y deslealtad institucional" del Consistorio, ya que "dinamita lo pactado, lo acordado y firmado" en 2013 a tenor de los compromisos con terceros --sociedad concesionaria y Banco Europeo de Inversiones--.
"Este pronunciamiento del Ayuntamiento de Málaga implica una responsabilidad patrimonial que puede tener gran alcance", ha reiterado Ruiz Espejo, ya que, ha agregado, "además de poner en cuestión la viabilidad económica y social de la red de metro, deja en el aire toda una serie de acuerdos contractuales, financieros y presupuestarios que se materializaron en junio de 2014", en el citado protocolo.
En este punto, tras recordar lo establecido en el acuerdo, ha hecho hincapié en que del pronunciamiento y las determinaciones del informe municipal "aflora, además, graves consecuencias para la culminación global del proyecto de la red de metro", que, como ha insistido, "no es una suma de ramales, sino una red integrada que garantiza la cobertura a los cuatro distritos más densamente poblados de la ciudad, así como el distrito de servicios y equipamientos por excelencia", como es Teatinos.
Además, se ha referido, de igual modo, a la demanda, que suponen unas cifras que "permiten garantizar el equilibrio económico y financiero de la sociedad que explota el suburbano, y lo más importante, dota de utilidad plena, y por tanto, de rentabilidad social a la inversión final, recordado que supone "la mayor inversión pública en Málaga capital en muchas décadas".
Asimismo, Ruiz Espejo ha dicho que el protocolo de intenciones "garantizaba la estabilidad institucional que un proyecto de esta dimensión requiere" y propició también "la estabilidad presupuestaria y financiera que exigía su culminación".
En definitiva, se ha llevado a cabo "una hoja de ruta que ha encaminado el Gobierno andaluz a dar una serie de pasos decisivos, de compromisos contractuales y presupuestarios de importantes alcances", así como "todo un trabajo técnico y de tramitación administrativa a partir del protocolo firmado con el alcalde, Francisco de la Torre, en 2013, que culmina con la entrega del proyecto el 1 de abril".
CUESTIONES ANTERIORES A 2013
Sobre las consideraciones reflejadas en el informe municipal, en relación, entre otros, con el planeamiento urbano del proyecto de prolongación al Civil o las menciones a la continuidad de la línea 4, ha dicho Ruiz Espejo que "deberían haber sido, en todo caso, consideradas detenidamente por el Ayuntamiento de Málaga antes de formalizar la firma del protocolo".
"Todos esos documentos a los que se refiere son anteriores a la firma", ha reiterado Ruiz Espejo, y ha agregado, que, en consecuencia, "la Junta debería haber sido advertida en ese momento y no ahora".
Al respecto, ha reiterado que"nos preocupa" que el informe municipal "alegue cuestiones anteriores a 2013 "porque se podían haber puesto de manifiesto en aquel momento y no ahora", por lo que "difícilmente se puede justificar hacerlo en este momento".
Por todo ello, tras insistir en que las consecuencias del pronunciamiento municipal "ponen en cuestión la viabilidad y globalidad del proyecto del metro", ha anunciado que la Agencia de Obra Pública va a solicitar la convocatoria de un consejo de administración extraordinario urgente de Metro de Málaga para el análisis conjunto de dichas repercusiones y los escenarios posibles tras estas consideraciones.
ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO
De igual modo, ha señalado que la Junta ya está realizando un análisis jurídico y técnico del informe municipal de adecuación urbanística y de las medidas que vayan a adoptarse, "sobre todo desde el punto de vista de la legalidad y no de la oportunidad como parecen algunas de las consideraciones de este informe".
"Siempre --ha continuado-- desde la óptica de la defensa del interés general clave en un proyecto de ciudad como el metro de Málaga", ha concluido.
Preguntado, en concreto, sobre si la posición del Ayuntamiento cuestiona la continuidad de las obras en el tramo hasta Atarazanas o en el entorno de la zona de El Corte Inglés, Ruiz Espejo ha señalado que "es evidente que es un escenario nuevo, que todo estaba recogido en el acuerdo global que se firma en 2013, y que si ponen en entredicho lo contemplado en ese acuerdo habrá que estudiarlo todo".
"El escenario cambia, no puedo contestar en qué medida, pero desde luego hay que estudiarlo y, por ello, lo primero que se va a hacer es convocar el consejo de administración de la sociedad porque habrá que analizar todas esas repercusiones que puede tener", ha explicado.
"OBSTÁCULO COMPLEJO"
Ha dicho, asimismo, que "la vía del diálogo y del acuerdo no la vamos a abandonar". "Esto es un obstáculo muy complicado, que no sabemos si es salvable o no, pero desde luego es complejo".
Por último, ha destacado "la importancia que tiene esta infraestructura para la ciudad" y "debemos analizarlo todo, buscarle una solución definitiva y no estar constantemente recurriendo a informes y cuestiones previas a la firma de ese acuerdo, porque ya se recogía claramente hacía donde iba a discurrir y qué el trazado iba en superficie", ha señalado, criticando, por tanto, el planteamiento del Consistorio que defiende que las consecuencias económicas no deben primar sobre "criterios lógicos, objetivos y públicos".