Las defensas de las víctimas cargan contra Monteagudo y la Policía Municipal

Madrid

El segundo día del juicio del Madrid Arena dedicado a las conclusiones finales ha tenido como protagonista a Emilio Monteagudo, antiguo Inspector Jefe de la Policía Municipal de Madrid: después de que ayer la Fiscalía defendiese su absolución, este miércoles han sido los abogados de las familias de dos víctimas los que han apuntado a su responsabilidad en el operativo de seguridad y sus errores.

Abdón Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, ha denunciado que el evento fue considerado de nivel medio y que fue dotado por tanto con un operativo inferior al que era necesario: “Es la clave de la negligencia”, ha dicho Núñez añadiendo que “si hay agentes de paisano en el interior y ven lo que hay en la pista, la policía corta, si ven que entran menores cortan y si ven entrar garrafas de cinco litros cortan, no me cabe la menor duda”.

“No se hace adecuadamente, no nace como algo de nivel alto”, ha dicho el letrado. Las acusaciones piden para él hasta tres años de prisión. La representación legal de la familia de otra de las víctimas, Rocío Oña, también ha tenido palabras duras para la actuación de Monteagudo: “No puede decir que ignoraba el asunto o que no estaba al corriente, otra cosa es que tome medidas o no las tome”.

“No hubo reuniones previas, ni con Policía Municipal ni con Policía Nacional ni con Delegación de Gobierno. Los ciudadanos normales nos planteamos qué riesgo asumimos a diario al salir a la calle, la actuación de la Policía Municipal fue inoperante”, ha añadido Moreno al final de su intervención.

“Indignación total” con los médicos

Ha sido Felipe Moreno, abogado defensor de la familia de Rocío Oña, quien también ha dedicado parte de sus conclusiones a los doctores Simón y Carlos Viñals: “Indignación total” es lo que asegura sentir el letrado, listando todas las “negligencias profesionales” habrían cometido, según su versión, los dos doctores.

La Fiscalía rebajó las peticiones de condena para ambos doctores, dejándolo en un año de prisión que no tendrán que cumplir si son condenados y así lo decide el tribunal sentenciador al carecer de antecedentes penales.