El Supremo se declara no competente sobre la querella de Rosell contra Soria
El auto del Supremo decreta el archivo de las actuaciones "sin perjuicio del derecho que asiste al querellante a reproducir su petición ante el órgano correspondiente", lo que significa que si Rosell quiere insistir en su querella deberá hacerlo ante un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/FEGKQELEAFKKLLPOYBKMHCROPY.jpg)
Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria
El Tribunal Supremo ha declarado este miércoles su incompetencia para estudiar una querella interpuesta por la juez en excedencia y exdiputada de Podemos Victoria Rosell contra el que fuera ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ya que éste perdió su condición de aforado tras dimitir de su cargo el pasado día 15.
En su parte dispositiva, el auto del Supremo decreta el archivo de las actuaciones "sin perjuicio del derecho que asiste al querellante a reproducir su petición ante el órgano correspondiente", lo que significa que si Rosell quiere insistir en su querella deberá hacerlo ante un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque el auto no concreta las declaraciones concretas que la exparlamentaria considera injuriosas, éstas se enmarcan en el enfrentamiento público que mantiene con el exministro.
Precisamente el pasado 26 de abril la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió causa a la juez en excedencia por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia al admitir parte de la querella interpuesta contra ella por Soria por irregulares en su forma de instruir, cuando ocupaba un juzgado en Las Palmas, un procedimiento contra un empresario que mantenía relaciones comerciales con su pareja, el periodista Carlos Sosa.
No se admitió la querella en relación con otros dos delitos por los que acusaba inicialmente Soria, que eran los de injurias y calumnias, al estar incardinados en el derecho a la libertad de expresión y haber sido proferidos en el marco de la campaña electoral de las últimas elecciones generales.
La decisión se adoptó en contra del criterio de la Fiscalía y apenas unos días después de que se recibiera un demoledor informe contra la diputada de Podemos por parte del juez que la sustituye en el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, Salvador Alba, quien ve graves irregularidades en la forma en la que investigó una causa contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
