Romanov pide la nulidad de las pruebas de la Fiscalía que sustentan la causa
Quiere declarar prohibidas las escuchas y el material obtenido en los registros
Cadena SER
Palma de Mallorca
El empresario ruso Alexander Romanov, acusado de blanquear más de 14 millones de euros de la mafia, ha pedido al tribunal que le juzga que anule las pruebas que sostienen la causa. El abogado Cristobal Martell quiere que se declaren pruebas prohibidas las escuchas telefónicas, el material obtenido tras los registros y la información de los volcados informáticos. Considera que se obtuvieron tras presentar la Fiscalía una querella contra Romanov que no tenía sustento.
La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el empresario ruso, acusado junto a otras once personas de introducir en España 14 millones de euros para blanquear procedentes de organizaciones criminales rusas. Se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, contra los derechos de los trabajadores, falsedad y revelación de secretos.
La defensa de Romanov considera que se han producido "20 meses de secreto y de medidas invasivas" contra el principal acusado. El abogado Cristobal Martell, sostiene que la querella de la Fiscalía por la que se inició la investigación "no debería haber sido admitida, no se explicita de ninguno de los modos cuál es el delito antecedente".
"Se habla de que Romanov compró un inmueble por 6,5 millones de euros y valía 30. También se dice que Romanov había sido condenado en Rusia". El relato fáctico, según el abogado, es que "un condenado en Rusia ha adquirido un inmueble de 6,5 millones de euros".
"¿Con esto la medida era la intervención telefónica?" se ha preguntado el letrado. "¿Cómo puede leerse una sentencia por internet y convertirse en la iglesia que sustenta el proceso?". La defensa del empresario ruso cree que las sospechas sobre Romanov no estaban fundadas.
Estigmatizado
"Aquí hubo mucho de estigmatización. Ruso que trae dinero a España que en su día resultó condenado, blanqueo de capitales" ha señalado Martell, que cree que antes de "invadir un derecho fundamental" es necesario sustentar los hechos.
A partir de un auto con estos fundamentos, dice el abogado, se autorizan veinte meses de escuchas telefónicas "veinte meses de pesca de altura, estamos esperando porque algo saldrá porque es ruso, algo llegará".
