La Fiscalía pide cinco años de cárcel al ex alcalde de Rota por el 'caso Uniformes'
El juicio comenzará el día 17 con 21 imputados, entre ellos el alcalde de Chipiona y la exalcaldesa de Rota
Castillo de Luna, sede de la alcaldía de Rota / EP
Cádiz
El Juez ha concluido la instrucción del Caso Uniformes, que será visto en la sala cuarta de la Audiencia Provincial de Cadiz a partir del día 17 de este mes.
La Fiscalía pide para el exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos y socio de Gobierno del PP, penas de cinco años de cárcel y doce de inhabilitación. Por su parte la acusación particular que representa el PSOE local solicita dos años y medio de prisión y, también, doce de inhabilitación para ejercer cargo público.
El Caso Uniformes investiga la supuesta concesión irregular de contratos de compra de equipamiento para el Ayuntamiento a un entramado de empresas con las que aparecen relacionadas el propio Lorenzo Sánchez, su esposa y varios concejales de su equipo.
La entrega de contratos públicos al entorno de empresas vinculadas con los representantes municipales está explícitamente prohibida por la Ley, de manera que Sánchez se enfrenta a imputaciones de prevaricación, falsedad y gestión interesada.
La socialista Encarnación Niño, que formalizó la denuncia, ha pedido a Sánchez que asuma la responsabilidad del caso, como promotor de los contratos y exculpe a la mayor parte del resto de imputados, que se han visto, dice, "manipulados por la gestión del exalcalde".
Junto a Lorenzo Sánchez, aparecen como imputadas una veintena de personas más, entre ellas, el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña, que ocupaba cargo de concejal en Rota en los años en los que se desarrollaron los hechos investigados. Para Peña, la fiscalía pide nueve años de inhabilitación por validar con su voto en el pleno los contratos irregulares.
En la relación de señalados aparece también la exalcaldesa de Rota del PP, Eva Corrales, que se encuentra pendiente del fallo de un recurso al Supremo tras la sentencia de cuatro años de cárcel por el Caso Horas Extras, sobre la concesión de sobresueldos irregulares a un funcionario.
Durante la instrucción, la fiscalía anticorrupción estimó que los contratos ilegales realizados entre 2003 y 2008 sumaron un total de unos 800.000 euros.
