Un guardia civil desvela reuniones entre ediles y empresarios para desbloquear licencias

Santa Cruz de Tenerife

El excabo y responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil de Playa de las Américas, José Manuel Rodríguez, ha reconocido que intermedió para que el ex alcalde de Arona José Alberto González Reverón y el concejal socialista Francisco Santamaría se reunieran en una finca propiedad del empresario Pedro Suárez para resolver "problemas personales". Rodríguez, quien se encuentra acusado de un delito de tráfico de influencias y prevaricación explicó que organizó la reunión por una cuestión meramente personal por el bien del municipio y para que Santamaría y Reverón solventaran sus diferencias. A preguntas de la fiscal, Rodríguez aseveró que propició la reunión porque “era una persona con un cierto prestigio social, y me conocía todo el mundo por no tener intereses particulares”. Del mismo modo, el acusado indicó que el hecho de celebrar la reunión en la casa del empresario Pedro Suárez solo se debió a su afán por acercar posturas entre los dos políticos. “Se lo comenté a Pedro Suárez y le pareció bien y se ofreció a hacerlo allí (en la finca) comiendo un cochino negro que tenía allí”.

Según la fiscalía, al menos se celebraron tres reuniones de estas características para intentar "desbloquear expedientes urbanísticos" y que coincidieron con la denuncia presentada por Francisco Santamaría que dio origen al "Caso Arona". El Ministerio Fiscal solicita para José Rodríguez, una pena de seis meses de prisión y 300.000 euros de multa.

Pieza separada

Una vez concluidas las vistas del grueso de los hechos que juzgan la labor al frente del gobierno municipal de José Alberto González Reverón, le toca el turno a dos de los 16 acusados en la causa. El procedimiento judicial contra José Manuel Rodríguez se enmarca dentro de las piezas separadas del "Caso Arona" mientras que aún resta otro juicio a celebrar en el mes de junio contra la que fuera subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García, para la que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.