El tripartito exigirá responsabilidades patrimoniales y penales al "gabinismo" por Villa Magdalena

Oviedo

Arropado por sus socios de gobierno y por sus concejales, el alcalde Wenceslao López, ha comparecido ante los medios, para valorar la sentencia del Supremo sobre la expropiación de Villa Magdalena. "Hoy es un día negro y triste para Oviedo, porque el gabinismo ha golpeado duramente a este ayuntamiento", con estas palabras ha comenzado el regidor su intervención

Y no es para menos, porque el dictamen del alto tribunal amenaza con costar al pueblo de Oviedo cerca de 30 millones de euros que sumados a los 21,5 ya pagados en 2012, costarán a las arcas municipales más de 60 millones, lo que se embolsará la empresa COMAMSA, dueña del palacete de Villa Magdalena cuando el ayuntamiento, en 1998, con Gabino de Lorenzo como alcalde decidió expropiarlo. Pero según el alcalde el expolio comenzó antes, cuando Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, responsable de COMAMSA, y también según el primer edil, "antiguo amigo de De Lorenzo", compró el chalet a la familia Rato Figaredo, por poco más de 2 millones de euros, a sabiendas de que el palacete de Villa Magdalena era un bien de interés público y expropiable. ¿Por qué? se pregunta Wenceslao López, y él mismo contesta que "el único motivo es que el comprador tuviera un compromiso de la otra parte de que eso va a seguir el camino que interese". A partir de ahí todo son irregularidades según el alcalde, que no errores, la más grave no consignar el justiprecio a pesar de la orden de la junta de gobierno, y de los apercibientos de los servicios jurídicos del consistorio y de la oposición. Esa no consignación fue la que dio lugar a la retasación y subió el precio de Villa Magdalena a los más de 60 millones que desde 2007 reclama COMAMSA al Ayuntamiento de Oviedo.

Para aclarar todo lo referente a la operación de Villa Magdalena, el equipo de gobierno según anunció el regidor pondrá en marcha una auditoría legal y económica externa, que será el paso previo para exigir responsabilidades patrimoniales, y penales si las hubiera, a todos los responsables, es decir, a los miembros de los equipos de gobierno de Gabino de Lorenzo, entre ellos Agustín Iglesias Caunedo, actual portavoz popular, y Gerardo Antuña, concejal del PP en la actual corporación. De ellos, de Caunedo y Antuña, piden desde ya la dimisión, y si no dimiten, el equipo de gobierno exigirá al PP que exija a su vez ambas dimisiones, y en los mismos términos que se cese a Gabino de Lorenzo como Delegado del Gobierno.

Sobre la sentencia, Wenceslao López dice que no queda otra que pagar, pero que el importe aún está por decidirse vía judicial y que el equipo de gobierno peleará cada euro para que el impacto sea el menor posible para las arcas municipales y para los ovetenses. Aún así el impacto, reconoce el alcalde será brutal y afectará a varios mandatos. Sea como sea la deuda que se calcula en torno a los 30 millones tendrá que soventarla el ayuntamiento en este año, y aún no han decidido cómo hacer frente a su pago, que podría hacerse acudiendo a créditos o con ingresos propios, algo que habrá que estudiar tanto desde el punto de vista económico como legal.

Le queda poco por tanto a la resolución final de la operación Villa Magdalena, hoy denominada por el equipo de gobierno, como "pelotazo", "catástrofe", "losa o "la biblioteca más cara del mundo".