El Gobierno vasco no pide prisión para los imputados en el 'caso De Miguel'

Vitoria

A diferencia de los 458 años de cárcel, multas que suman 63 millones de euros y otros 120 millones en fianzas que solicita la Fiscalía, el Gobierno vasco no pide prisión para los encausados del 'caso De Miguel' y únicamente reclama una indemnización de 221.770 euros por el perjuicio que su actuación causó a las arcas públicas a 7 de los 26 encausados en la presunta trama vasca de cobro de comisiones ilegales en la que están implicados exdirigentes del PNV.

Según publica hoy El Correo, los siete acusados para los que el Gobierno Vasco pide una indemnización son el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, y los también miembros de este partido Aitor Tellería y Koldo Otxandio, así como Josu Montes, el exconcejal de Leioa (Bizkaia) Iñaki San Juan, el exviceconsejero vasco de Cultura Gurutz Larrañaga y el ex director de Juventud del Ejecutivo autonómico Xabier Sánchez Robles.

Además, el Gobierno vasco reclama que las esposas de los principales encausados -De Miguel, Telleria y Ochandio- sean eximidas de cualquier responsabilidad penal.

Fuentes del Gobierno vasco consultas por la Cadena SER han descartado entrar en el contenido del escrito de acusación y se han limitado ha señalar que ha sido elaborado por los servicios jurídicos y entregado hace quince días.

La Diputación de Bizkaia que es parte de la acusación, al igual que el Gobierno vasco, también ha registrado ya su escrito de penas aunque ha apelado a la confidencialidad para no desvelar su petición. "Es un expediente mas de fraude fiscal que afecta a contribuyentes de Bizkaia" según fuentes de la institución foral consultadas por la SER.