La Guardia Civil entra en el Ayuntamiento de Cartagena
Los agentes buscan documentación antigua y presente de la desaladora de Escombreras

Cadena SER

Murcia
Nueva mañana de trabajo de la policía judicial a instancias de la fiscalía.
Hoy se han desplazado al Ayuntamiento de Cartagena: Agentes de la Guardia Civil de paisano, adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, han entrado en la Concejalía de Urbanismo. De nuevo buscan documentación sobre la gestión de la desaladora de Escombreras. En concreto, según fuentes consultadas por esta emisora, información sobre la licencia de obra y licencia de actividad de la desaladora.
Una fuente del Ayuntamiento ha señalado que "no ha sido un registro, ni ha habido requerimiento, sólo ha sido una reunión de trabajo, una toma de contacto para conocer la disposición del Ayuntamiento a colaborar en diversas investigaciones que hay abiertas".
A pesar de esa prudencia, la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón se ha referido abiertamente a una investigación sobre la desaladora de Escombreras: "Que caiga el peso de la ley con todos aquellos que lo han hecho mal", ha pedido Castejón, al referirse a una desaladora "que era una herramienta para abastecer a nuestros campos y abastecer a nuestros agricultores y que todo apunta a que presuntamente ha sido un negocio en el que la sombra de la corrupción sigue asentado".
Ayer, precisamente, mientras se sucedían los registros, el Alcalde de Cartagena, José López ha asegurado que "estamos esperando que en cualquier día lleguen al Ayuntamiento de Cartagena y hagan lo mismo", en referencia a posibles registros en el consistorio.
"No sabemos cuándo va a ser, pero esperamos que sigan con las indagaciones y se depuren las responsabilidades a todos los niveles", asegura López, quien ha explicado que desde el Ayuntamiento se están colaborando en diferentes investigaciones judiciales.
De hecho, López ha afirmado tener constancia de que, como fruto de una de esas investigaciones, ha habido un requerimiento de información por parte de la Guardia Civil a, al menos, un trabajador municipal: "Lo que sí había era una orden de no revelar lo que se había requerido, por lo que si existe esa orden, considero que el alcalde tampoco debe saberlo", aclaraba al explicar por qué no había indagado en la naturaleza de la información requerida.




