La desaladora de Escombreras era una 'operación diseñada'

Murcia

El que fuera gerente del Ente Público del Agua entre 2005 y 2008, Amalio Garrido, primer compareciente de una nueva sesión de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras que se sigue en la Asamblea Regional, fue el que se comprometió por escrito con la entidad bancaria Banesto a atender todas las obligaciones de pago contraídas con Hydro Management, empresa controlada por ACS, como consecuencia del contrato de arrendamiento de la planta. Una carta, que sirvió de garantía a los empresarios para recibir la financiación necesaria para construir y explotar la planta. Garrido ha reiterado que este proyecto se lo encontró hecho, su construcción era expreso deseo del entonces presidente regional Ramón Luis Valcárcel, y que él ejecutó las indicaciones que le llegaban del entonces consejero Antonio Cerdá.

Las preguntas de los diputados tratan de dilucidar si desde el Ente Público del Agua eran conscientes de los compromisos que se adquirían con esa carta, que comprometía grandes cantidades de dinero público, en total 600 millones de euros hasta 2034, fecha contrato de arrendamiento.

Garrido ha incidido en que era una carta de compromiso, no un aval, y que consistía en que el banco pone el dinero y luego lo recupera a través del flujo económico, que en este caso venía dado por los 26 convenios suscritos con ayuntamientos de la región para el suministro de agua.

Amalio Garrido ha venido acompañado por su letrado, y ha reiterado que esta operación de la desaladora se la encontró hecha al llegar, que además se planteaba la construcción de tres desaladoras más, y ha atacado los informes de Intervención General, al considerarlos incompletos y con omisiones graves, y ha achacado la quiebra de la desaladora al cambio de modelo, "el grave error –dice- fue meter dinero público en la desaladora".

La tercera comparecencia ha sido la del gerente de la planta desaladora de Escombreras, José Manuel Ferrer, que ha mostrado su tristeza por los registros efectuados ayer en la planta por la Udeco, una prueba más de "las muchas piedras que le están poniendo en el camino". También ha reconocido contactos con el grupo ACS para vender esta infraestructura. Contactos que no saben si siguen vigentes, y cantidades que rondan entre los 150 y 160 millones de euros.

El gerente ha defendido que todos los problemas de viabilidad financiera de la desaladora surgieron como consecuencia del cambio de modelo económico tras la crisis. La planta, según Ferrer, está operando al 60% de su capacidad, y tiene actualmente contratos para producir casi 17 hectómetros cúbicos.