ERE encubierto en la Junta
Los funcionarios denuncian un 'ERE encubierto' de unos 3.000 puestos de trabajo en la Junta de CyL

Concentración de funcionarios / PLADEPU

Valladolid
La plataforma en defensa de lo público, que representa a los funcionarios de la Junta de Castilla y León, denuncia que la Consejería de Presidencia, pretende dejar sin cubrir más de 3.000 puestos de trabajo vacantes en la Administración Autonómica, para; según Quinidio Martinez, portavoz de PLADEPU “ favorecer negocios particulares, a través de las empresas públicas”.
El Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León. Un texto normativo que “asusta” a no pocos funcionarios, que “avanza rápido y planea debilitar la Administración para justificar su externalización”, es el instrumento que va a utilizar el ejecutivo de Juan Vicente Herrera para en palabras de Quinidio Martínez “debilitar la Administración para justificar su externalización “. Martinez añade que “lo que está pasando no deja lugar a dudas: la Junta de Castilla y León se está dando mucha prisa por cambiar el modelo que tenemos de administración. El próximo golpe es alarmante: la probable amortización de miles de plazas -no cubiertas a propósito- con el proyecto de reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lo que supondría una de las mayores reducciones de la Administración de los últimos años”.
La alarma entre los funcionarios es evidente al leer el tercer párrafo del borrador de decreto que quiere dar pautas de coordinación de las actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos, “con el fin último de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible que, bajo principios de actuación comunes, permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las acciones y los objetivos del gobierno”. En resumen: Según PLADEPU “Esto es un ERE masivo y el borrador que han presentado el armazón legal para poder llevarlo a cabo y convertir a los funcionarios en marionetas en manos de los cargos políticos”.




