Nuevas rutas para poner orden en las basuras de la provincia

Alicante

Se abre un nuevo frente de malestar entre la Generalitat y la Diputación, a cuanta de la gestión de los residuos en la provincia. El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer, ha cargado duramente contra "las viejas politicas medioambientales" representadas por el PP y ha anunciado una inversión de 3 millones y medio de euros en la planta de Xixona, en unas declaraciones previas a la Comisión de Gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, que preside el socialista Manuel Pineda.

Los populares, por su parte, se quejaban en una comparecencia previa de incomunicación por parte del consorcio que preside ahora el socialista Manuel Pineda.

Piquer ha confirmado que no llegará más basura de Valencia al vertedero alicantino de Fontcalent y que el Ayuntamiento de Alicante (A4) dejará de recibir las "entre 60.000 y 66.000 toneladas" de residuos del sur de la provincia de Valencia (V5), que se enviarán desde ahora al área metropolitana de Valencia. A cambio, se trasladarán entre 30.000 y 45.000 toneladas anuales desde la Vega Baja, como ha confirmado hoy el director general, que también ha anunciado que se invertirán 3 millones y medio en mejoras en la planta de Xixona.

Por su parte, esta planta de Xixona (A2) dejará de recibir 30.000 toneladas de residuos de la Vega Baja que pasarán a ser gestionadas en Alicante y la planta de Villena (A3). Y ésta, por su parte, dejará de recibir también las 30.000 toneladas anuales de la Vega Baja y se trabaja en un cambio legislativo desde la Generalitat, para que, a través de Vaersa, asuma la gestión directa de la planta; algo que será extrapolable a la Vega Baja.

Todos estos flujos de transporte, según el director general se reordenarán en la semana del 15 al 21 de junio .

Piquer, que ha hablado de una gestión de consorcios "anillada" a partir de ahora, de manera que cualquier "indecencia puntual" pueda ser resuelta "de forma automática", ha arremetido duramente contra la gestión medioambiental hasta ahora en manos del PP. Para Piquer "es evidente que quien no tiene ninguna prestancia en materia de gestión medioambiental no puede dar lecciones a nadie".

En cuanto a Orihuela, se ha aprobado el envío de hasta 22.000 toneladas anuales a la planta "más cercana y moderna" ubicada en Murcia.  A cambio, Orihuela, según Piquer, "se ha comprometido a invertir esos ahorros en la logística de transporte en un incremento de la recogida selectiva de carton, envases y vídrio".

Esa reordenación logística supondrá para los 27 municipios de la Vega Baja, un ahorro de más de 400.000 kilómetros anuales en trayectos de envío de residuos.

Mientras, desde el PP, el diputado Javier Sendra se queja de la falta de información del Consorcio de residuos, presidido ahora por el socialista Manuel Pineda.

Sentencia contra Cespa-Ortiz

Sendra también se congratula ahora de que los tribunales hayan quitado de momento la razón al empresario Enrique Ortiz avalando la rescisión del contrato del Plan Zonal de la Vega Baja, por incumplir con la construcción de la planta transitoria en Cox. Dice que eso "demuestra que las decisiones que se tomaron por parte del Consorcio en la anterior legislatura fueron las adecuadas”.

Y más contundente ha sido la diputada y vicepresidenta del consorcio, Fanny Serrano, quien le lanzaba a Ortiz el siguiente mensaje: "que nos deje en paz a la Vega Baja".

Mientras, el presidente del consorcio, Manuel Pineda, por su parte, ha recordado cómo tras el cierre de Abornasa en Crevillente la basura de la Vega Baja se vio obligada a viajar en camiones para repartirse entre las plantas de Xixona, Elx y Villena y "cada entidad a negociar el traslado de residuos", dice, en un "caos" derivado de "la gozosa planificación por parte del gobierno provincial".

Por cierto, que el presidente del consorcio ha lamentado, además, que la Diputación les haya "puesto de cara a la pared", con trabas a la hora de celebrar la rueda de prensa, y ha pedido el mismo tratamiento de la Diputación al cargo que ostenta, que hasta ahora coincidía con la presidencia de la institución provincial, en manos de gobiernos del PP.