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ENTREVISTA

Sánchez: "Reverón no se creía que estaba en un tribunal sino en un pleno y me tomaba por la oposición"

La fiscal del caso Arona relata sus percepciones en el primer macro juicio por corrupción celebrado en las Islas

La fiscal, Francisca Sánchez, durante la celebración del juicio del 'caso Arona'. / CADENA SER

Santa Cruz de Tenerife

Tuvo que ponerse al día con un sumario que superaba los 20.000 folios en un plazo de dos meses para afrontar el juicio del ‘caso Arona’. Tras más de 22 semanas de toma de declaraciones a los 13 acusados y 200 testigos, la fiscal delegada de Medio Ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, ha relatado en la SER su percepción de uno de los juicios por corrupción política y urbanística más esperados de la última década. Para Sánchez, la corrupción estaba instalada en Arona desde hacía años con la connivencia de políticos y empresarios e imperaba una suerte de sensación de impunidad que también se transmitió en las sesiones del juicio. "Mi percepción inicial es que los acusados no se creían que estaban ante un tribunal. Fue llamativa, la última palabra del que fue alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, cuando dijo a un tribunal de justicia, como si estuviera dando un mitin o en un pleno, que no habíamos puesto propuestas sobre la mesa en relación a las licencias. Yo saqué la conclusión de que éste hombre debía de pensar que estaba presidiendo un pleno, que éramos la oposición y que le hemos criticado por las licencias pero sin poner propuestas sobre la mesa".

Del mismo modo, Francisca Sánchez considera que ha quedado probado en el juicio que la Junta de Gobierno aronero favoreció durante años los intereses urbanísticos de unos pocos empresarios y extorsiones por la concesión de las licencias.

Misma petición

El Ministerio Fiscal mantiene las peticiones de penas de prisión para los acusados por los delitos de prevaricación urbanística y cohecho. De esta forma, Fiscalía solicita para el exalcalde José Alberto González Reverón la pena de dos años de prisión y 20 de inhabilitación; para el ex edil del Partido Popular, Felíx Sierra, seis años y 31 años de inhabilitación; para el también ex edil, Manuel Barrios, dos años de prisión y 20 de inhabilitación; misma pena para el ex concejales de Coalición Canaria, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Jose Luis González. Del mismo modo, la Fiscal solicita para Juan José Alayón la pena de dos años y 20 de inhabilitación, para el aparejador municipal, Roberto de Luis, ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, para el también arquitecto Eliseo de la Rosa, seis años de prisión y 20 de inhabilitación, cuatro años para el arquitecto Zenón Rodríguez, misma pena para Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, todos ellos arquitectos. Mientras para el empresario Arsenio Zamora Toledo, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión.

Una inmensa trama de corrupción

La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista Francisco García Santamaría el 17 de enero de 2007. En la denuncia se acusaba de posibles delitos urbanísticos por posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación que fuera alcalde, José Alberto González Reverón y el equipo de gobierno aronero. Desde ese momento, se puso en marcha una investigación que ha devenido en más de 60 tomos de sumario y que se ha ido ampliando a raíz de otras denuncias como las del letrado Felipe Campos. Según obra en el auto en el que se imputa a los acusados, desde el 9 de enero de 2004 y la 17 de noviembre de 2006, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, para reforma de viviendas, para demolición y construcción de edificios con el informe desfavorable de los técnicos municipales.

 
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